El 28 de abril de 2026 presentamos una solicitud de acceso a información pública al Poder Judicial del Estado de Puebla. No pedimos opiniones ni valoraciones. Pedimos números: cuántas denuncias administrativas recibe su Órgano Interno de Control (OIC) contra jueces, magistrados y servidores judiciales, cuántas terminan archivadas, cuántas escalan a una imputación formal de responsabilidad y cuántas terminan en sanciones firmes.

El 3 de junio de 2026, la Unidad de Transparencia respondió. Este texto se limita a lo que dicen sus propias cifras.

Lo que dicen las cifras

Entre 2023 y abril de 2026 —el OIC reconoce que solo comenzó a operar como Autoridad Investigadora el 10 de noviembre de 2023, por lo que no existen datos de 2020, 2021 ni 2022— el Órgano Interno de Control recibió 1,727 denuncias administrativas contra personal del Poder Judicial.

De ese universo, según el propio cuadro estadístico entregado:

• 1,125 expedientes fueron concluidos y archivados.
• 32 derivaron en un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), que es el acto con el que la investigación se convierte en una imputación formal.
• 570 permanecen en trámite.
• 0 por caducidad.

Sobre el total de expedientes ya resueltos (1,157), el archivo representa el 97.2%. La imputación formal representa el 1.85% del total recibido. Dicho de otro modo: de cada 100 denuncias que llegan al OIC, menos de 2 alcanzan siquiera la etapa en que la autoridad sostiene formalmente que hubo una posible falta.

Las medidas cautelares: 3 en cuatro años

Preguntamos cuántas veces el OIC solicitó al Consejo de la Judicatura una medida cautelar —por ejemplo, suspender a un funcionario mientras se investiga— frente a las 1,727 denuncias.

La respuesta: 3 solicitudes en todo el periodo. Una en 2024 contra un juez, una en 2025 contra un juez, y una en 2026 contra un escribiente. Las tres fueron concedidas.

Tres medidas precautorias frente a mil setecientas veintisiete denuncias equivale al 0.17% de los casos. La cifra documenta, con los propios registros de la institución, qué tan excepcional es que el control interno pida apartar a un funcionario señalado mientras lo investiga.

Las sanciones firmes: quién es sancionado y quién no

El OIC informó 45 sanciones firmes entre 2024 y 2026. Aquí lo relevante no es solo el número, sino su distribución por cargo.

La mayoría recae sobre personal de apoyo: secretarias de acuerdos, oficiales mayores, taquimecanógrafas, archivistas, diligenciarios, escribientes. Las sanciones que alcanzan a jueces existen —incluyendo destituciones e inhabilitaciones, sobre todo en 2025 y 2026— y deben reconocerse.

El dato que sí merece subrayarse: en el mismo periodo se recibieron 25 denuncias contra magistrados del Tribunal Superior de Justicia y 4 contra magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. En la lista de 45 sanciones firmes entregada por la propia institución, no aparece ni un solo magistrado. Cero. El escalón más alto del Poder Judicial poblano concentra denuncias, pero no figura entre los sancionados.

Lo que la institución reconoció que no registra

Tan revelador como los números es lo que el Poder Judicial admitió no poder responder:

No registra tiempos de tramitación. Preguntamos cuánto tarda en promedio un expediente desde la denuncia hasta su resolución. La respuesta textual: no se lleva ese registro porque "no se establece un plazo" para la investigación. Un órgano de control que no mide cuánto tardan sus propios procedimientos no puede acreditar que actúa con oportunidad.

No registra los recursos en su contra. Preguntamos cuántas impugnaciones se presentaron contra sus resoluciones y en qué sentido se resolvieron. La respuesta: "no cuenta con registro alguno". Un órgano que archiva el 97% de lo que resuelve afirma, simultáneamente, no llevar cuenta de cuántas de esas decisiones fueron recurridas.

No desglosa por qué archiva. El OIC dijo contar con "los sentidos generales" de los expedientes, pero no con la desagregación de los motivos de cierre. Es decir: sabe que archivó 1,125 expedientes, pero declara no poder informar con base en qué razones específicas lo hizo.

El único terreno donde sí hay control externo

Hay un dato donde sí existe revisión independiente: el amparo. Preguntamos en cuántos juicios de amparo el OIC fue señalado como autoridad responsable. La respuesta: 45 juicios. De ellos, 5 amparos concedidos, 27 negados o sobreseídos y 13 en trámite.

Esos 5 amparos concedidos representan a personas que tuvieron que acudir a la justicia federal —fuera del Poder Judicial estatal— para que se revisara la actuación de su Órgano Interno de Control. Es el único punto del expediente donde un tercero ajeno a la institución revisa lo que la institución hace consigo misma.

La pregunta que las cifras responden

No acusamos. Medimos, y publicamos lo que medimos, que fue exactamente lo que anunciamos al presentar esta solicitud.

Los datos del propio Poder Judicial de Puebla describen un órgano de control que recibe muchas denuncias, archiva casi todo lo que resuelve, imputa formalmente en menos del 2% de los casos, pide apartar a funcionarios investigados en el 0.17% de las ocasiones, no sanciona a ningún magistrado pese a las denuncias en su contra, y declara no medir sus propios tiempos ni llevar registro de las impugnaciones que recibe.

Cada uno de estos números proviene de la respuesta oficial folio 700425326000171, fechada el 3 de junio de 2026 y firmada por la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Puebla. Cualquier persona puede solicitarla y verificarla.

Preguntábamos si el Órgano Interno de Control sanciona efectivamente o no. La institución respondió con sus propias cifras. Las dejamos a la vista para que cada quien saque su conclusión.

El CNMPI ejerció este derecho con fundamento en el artículo 6º apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. La respuesta completa está disponible para consulta. Conforme a los artículos 152 y 153 de la ley estatal, evaluamos la procedencia de un recurso de revisión respecto de los puntos que la autoridad declaró no poder desglosar.

El cargo El Poder Judicial de Puebla archiva el 97% de las denuncias contra sus funcionarios. Lo dicen sus propios datos apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.

El pasado martes 26 de mayo, integrantes del frente Soy Papá, No Criminal, del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, nos manifestamos pacíficamente en Guadalajara para visibilizar los efectos de la aplicación de la llamada Ley Vicaria sobre padres, hijas e hijos. La jornada terminó con la intervención de la Policía del Estado de Jalisco frente a Casa Jalisco. Este es nuestro recuento de lo sucedido y nuestra postura, expuestos con el mayor apego a los hechos posible.

Qué ocurrió

Nuestro contingente, integrado por padres, madres y familias de distintos estados del país, se concentró ese día frente a la Glorieta Minerva y posteriormente frente a Casa Jalisco, sede del Ejecutivo estatal. Nuestra intención era permanecer pacíficamente a las afueras del inmueble, incluso durante la noche, como forma legítima de protesta amparada por el artículo 9° constitucional.

Cuando colocábamos los insumos para pernoctar, elementos de la Policía del Estado intervinieron para retirarlos. En el forcejeo que siguió —descrito por la prensa local como una "trifulca"— el propio gobernador, Pablo Lemus Navarro (Movimiento Ciudadano), reconoció públicamente que hubo empujones, aunque defendió la actuación de sus elementos como apegada a protocolo y sostuvo que respondía a una orden judicial.

Como Colectivo, denunciamos además dos hechos que vivimos directamente y que documentamos: una persona de nuestro contingente fue detenida y liberada pocas horas después, y un menor de edad resultó lesionado durante la intervención. Estamos en proceso de reunir y resguardar la evidencia correspondiente, y la pondremos a disposición de las autoridades competentes y de la opinión pública.

La respuesta del gobierno

La reacción del gobernador no se limitó al operativo. Lemus rechazó abiertamente la movilización —"no estoy de acuerdo con esta marcha", declaró— y anunció que había instruido revisar los perfiles de los participantes para identificar a presuntos deudores alimentarios; al día siguiente afirmó que entre los asistentes había cuatro. También sostuvo que el organizador de la protesta sería buscado por presuntamente haber sustraído a sus hijos.

Sobre este último punto debemos ser claros y precisos, porque es donde la versión oficial se aparta de la verdad: las coordinadoras de esta movilización provienen de la Ciudad de México y no pesa sobre ellas orden de aprehensión alguna. Atribuir la convocatoria a una persona "buscada por la justicia" es, a nuestro juicio, un recurso para desacreditar a la protesta y desviar la atención de su contenido.

Esto último es lo que más nos preocupa, y lo decimos sin rodeos: la respuesta de un gobierno a una protesta no debería ser exhibir o anunciar la revisión de los antecedentes personales de quienes se manifiestan. Hacerlo convierte el ejercicio de un derecho en motivo de sospecha, y traslada el debate del reclamo —la aplicación de una ley— hacia la supuesta indignidad de quien reclama.

El debate de fondo

Como Colectivo, no compartimos el concepto de "violencia vicaria" tal como se ha incorporado al discurso público y a la norma. Sostenemos que, en la práctica, opera como una reformulación de la llamada alienación parental: un mecanismo que, bajo el lenguaje de la protección, termina por excluir a uno de los progenitores del vínculo con sus hijas e hijos y por colocarlo, sin juicio previo, en la posición de criminal. Nuestra crítica no niega que existan mujeres víctimas de violencia —las hay, y merecen protección real y efectiva—; lo que cuestionamos es que una figura aplicada sin presunción de inocencia ni debido proceso se convierta en herramienta para apartar a un padre de sus hijos por la sola acusación. La protección a las víctimas de violencia y la garantía de un proceso justo no se excluyen: exigir la segunda no es negar la primera.

Distinguir estas dos discusiones importa incluso para quien no comparte nuestra postura de fondo. Una cosa es debatir si tenemos razón sobre la figura de la violencia vicaria; otra muy distinta es si un gobierno puede responder a una protesta con la fuerza pública y con la exhibición de los antecedentes de quienes se manifiestan. En lo primero cabe el desacuerdo legítimo; en lo segundo, creemos, no debería haberlo.

Un reflejo que México ya conoce

Que el desalojo ocurriera el mismo día en que el gobierno presumía estar "listo para el Mundial" no es, para nosotros, un detalle menor. México ya vivió, en su historia reciente, lo que significa que un gobierno anteponga la imagen ante el mundo al derecho de su gente a manifestarse.

En 1968, ante la proximidad de los Juegos Olímpicos que se inaugurarían el 12 de octubre, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz interpretó al movimiento estudiantil como una conjura destinada a sabotear la imagen del país, y el 2 de octubre —diez días antes de la inauguración— el Estado reprimió la concentración de la Plaza de las Tres Culturas. La cifra oficial habló de treinta muertos; investigaciones posteriores citadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estiman que pudieron ser cientos. Fue la expresión más brutal de una idea: que la protesta que incomoda al poder, en vísperas de un acontecimiento internacional, debe ser silenciada antes que escuchada.

Queremos ser muy claros, porque la honestidad es parte de nuestra causa: lo ocurrido frente a Casa Jalisco —un forcejeo, un detenido liberado horas después, un menor lesionado— no es Tlatelolco, y sería indigno de la memoria de aquellas víctimas pretender que lo fuera. La escala es incomparable y no la equiparamos.

Lo que sí permanece, a casi seis décadas de distancia, es el reflejo de la autoridad. En 1968, el manifestante fue presentado como un supuesto "agente del comunismo internacional" empeñado en empañar las Olimpiadas. En 2026, el manifestante es presentado por el gobernador Lemus como un supuesto "deudor alimentario" o como un "macho alfa". Cambia el nombre del estigma; se conserva la gramática del poder: en lugar de responder al reclamo, se descalifica a quien lo levanta, y se hace justo cuando el país enciende los reflectores para recibir al mundo. Entonces fue el ejército contra los estudiantes; hoy es la policía estatal retirando a empujones a familias que pedían ser escuchadas. La distancia entre ambos hechos es enorme; la lógica que los une debería preocuparnos a todos.

Nombramos a Díaz Ordaz no para igualar tragedias, sino para recordar adónde conduce, en su forma extrema, la decisión de tratar a la protesta como un estorbo para la fotografía. La lección de 1968 no es solo sobre la magnitud del horror: es sobre el reflejo que lo hizo posible. Y ese reflejo, en su forma menor, lo vimos operar el 26 de mayo.

No somos, además, el primer colectivo en denunciar la mano dura de este gobierno frente a la inconformidad. En febrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Atequiza denunciaron un operativo en el que, según su testimonio, policías estatales ingresaron a su plantel, usaron armas de fuego y retuvieron temporalmente a 36 alumnos. Lo señalamos no para apropiarnos de su causa, que es distinta de la nuestra, sino porque la forma de responder a quien protesta parece repetirse.

Lo que pedimos

Como Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, exigimos:

1. Una investigación imparcial sobre la actuación policial del 26 de mayo, en particular sobre las lesiones a un menor de edad.
2. Que el gobierno de Jalisco se abstenga de revisar y exhibir públicamente los antecedentes personales de quienes ejercen su derecho a la protesta.
3. Que se rectifique la versión oficial que vincula la convocatoria con una persona "buscada por la justicia", por ser contraria a los hechos.
4. Mesas de diálogo que atiendan el contenido de nuestro reclamo, en lugar de descalificar a quien lo formula.

Seguiremos manifestándonos de manera pacífica, porque el derecho a hacerlo es anterior a cualquier autoridad y no se nos concede: se ejerce.

Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad Soy Papá, No Criminal

Este comunicado expresa la postura del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad. Las declaraciones del gobierno de Jalisco aquí citadas fueron recogidas por medios locales; los hechos relativos a la detención y a las lesiones de un menor corresponden a la denuncia del propio Colectivo y se encuentran en proceso de documentación.

Referencias

Bobadilla, R. (2026, 26 de mayo). Tras trifulca en Casa Jalisco, Pablo Lemus envía un mensaje a los "machos alfa": revisará perfiles de deudores alimentarios. El Informador. https://www.informador.mx/jalisco/tras-trifulca-en-casa-jalisco-pablo-lemus-envia-un-mensaje-a-los-machos-alfa-revisara-perfiles-de-deudores-alimentarios-20260526-0194.html

Hernández, M. (2026, 26 de mayo). Mundial 2026: Obras para están listas, afirma el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. El Informador. https://www.informador.mx/jalisco/mundial-2026-obras-para-estan-listas-afirma-el-gobernador-de-jalisco-pablo-lemus-20260526-0167.html

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. (s. f.). Movimiento estudiantil de 1968. https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Movimiento_Estudiantil_1968

La Jornada. (2026, 9 de febrero). Normalistas de Atequiza denuncian política de represión del gobierno de Pablo Lemus. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/09/estados/normalistas-de-atequiza-denuncian-politica-de-represion-del-gobierno-de-pablo-lemus

Mural. (2026, 27 de mayo). Había 4 deudores alimentarios en marcha.- Lemus. https://www.mural.com.mx/habia-4-deudores-alimentarios-en-marcha-lemus/ar3211640

Notisistema. (2026, 26 de mayo). Lemus rechaza marcha contra Ley Vicaria y anuncia revisión de perfiles de manifestantes. https://www.notisistema.com/noticias/lemus-rechaza-marcha-contra-ley-vicaria-y-anuncia-revision-de-perfiles-de-manifestantes/

UDG TV. (2026, 27 de mayo). Pablo Lemus no atenderá deudores alimentarios en Jalisco. https://udgtv.com/noticias/pablo-lemus-no-atendera-deudores-alimentarios-en-jalisco/318369

El cargo Díaz Ordaz tenía sus Olimpiadas; Lemus tiene su Mundial - 1968 y 2026, cuando el manifestante estorba a la fotografía apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.

El martes 26 de mayo 2026, una manifestación se desarrolló de forma pacífica en Guadalajara, Jalisco. Lo que ocurrió durante y después de esa marcha quedó registrado en video. Este artículo expone los hechos documentados, los distingue de lo que aún se encuentra en proceso de denuncia, y los confronta con el marco jurídico vigente. No pedimos que se nos crea por indignación: pedimos que se observen las pruebas y se lea la ley. Por eso integramos aquí, dentro del texto, los tres videos que sostienen cada afirmación.

Y advertimos algo desde la primera línea: lo que se ve en estos videos no son simples "incidentes de orden público". Son hechos con apariencia de delito, y como tales deben ser investigados. Más aún: responden a un patrón de represión estatal que este país ya conoce, y que en 2014, en Puebla, terminó con la vida de un niño de 13 años. Por eso lo decimos sin rodeos —para que no vuelva a ocurrir.

Primer hecho con apariencia de delito: la intervención y el despojo

En el siguiente video se observa a elementos identificados como Policía Estatal Preventiva de Jalisco interviniendo sobre los manifestantes y retirando del lugar pertenencias —mesas, sillas y equipo—.

Que agentes del Estado se lleven los bienes de un grupo de ciudadanos, sin orden, sin causa y sin procedimiento, tiene un nombre en el Código Penal, y no es "operativo": el despojo y la sustracción de bienes ajenos son conductas posiblemente constitutivas de delito. Estos hechos están siendo denunciados en este momento ante la Fiscalía en Guadalajara y aún no han sido acreditados por la autoridad. Los presentamos como lo que son: hechos documentados en video, con apariencia de delito, y materia de denuncia. Corresponde al Ministerio Público investigarlos —y a la opinión pública, no olvidarlos.

Segundo hecho con apariencia de delito: un menor de 14 años

En el siguiente video aparece un adolescente de 14 años, visiblemente afectado y llorando, tras la intervención policial.

Aquí no hay matices que valgan. El uso de la fuerza pública sobre un menor de edad activa de inmediato el principio del interés superior de la niñez (artículo 4º constitucional), y cualquier agresión contra él puede constituir un delito perseguible de oficio, además de una grave violación a derechos humanos. Un Estado que permite que sus policías hagan llorar a un niño de 14 años en una calle no está mostrando autoridad: está mostrando exactamente lo que debería avergonzarlo. Este hecho, igual que el anterior, forma parte de las denuncias presentadas ante la Fiscalía.

La distinción que hacemos es deliberada: lo que su policía hizo está documentado en video y denunciado, y será la Fiscalía quien lo acredite. Lo que el gobernador dijo, en cambio, no necesita que nadie lo acredite: lo dijo él, con su nombre y su cara, ante una cámara.

Tercer hecho: las palabras del propio gobernador

Horas después de la movilización, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, del partido Movimiento Ciudadano, publicó un video en sus propias cuentas de redes sociales.

En él afirma textualmente:

"Debemos de entender que existe un problema muy grave en nuestro país de violencia contra las mujeres. Tenemos que ponernos del lado de ellas. Y ese es mi papel y mi compromiso. Yo estoy del lado de defender a las mujeres. No estoy de acuerdo con esta marcha. E incluso he pedido darle una revisadita a los perfiles de algunos manifestantes, de algunos machos alfa que estuvieron en esta manifestación, para saber si son deudores alimentarios, que puedan ponerse al corriente de pagar pues todo lo que le deben: ex parejas, ex esposas, hijas, hijos, familiares. Jamás me voy a poner del lado de los hombres violentadores y de personas señaladas por violencia contra las mujeres. Mi respaldo absoluto a las mujeres, y vamos a darles una revisada para ver cuántos deudores alimentarios salen de esta manifestación."

Detengámonos en una sola frase: "he pedido darle una revisadita a los perfiles de algunos manifestantes."

Que el titular del Poder Ejecutivo de un estado anuncie, con esa ligereza —"una revisadita"—, que ordenó usar el aparato del Estado para investigar a ciudadanos por el hecho de haber marchado, no es un comentario menor. Es la descripción pública, hecha por su propio autor, de un posible ejercicio indebido de la función pública y un posible uso ilícito de datos personales. El tono coloquial no atenúa la gravedad: la subraya. Revela a una autoridad que considera normal —casi divertido— fichar a quien protesta. En un Estado de derecho, el poder no "le da una revisadita" a los ciudadanos que ejercen un derecho constitucional. Los respeta, o responde ante la ley.

Esta declaración no es una interpretación nuestra ni una filtración: es una afirmación pública, hecha por el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, en sus canales oficiales. Por eso la tratamos como un hecho, y sobre ella —no sobre suposiciones— construimos el análisis que sigue.

Lo que está en juego ante la ley

El derecho a manifestarse no es una concesión de la autoridad. Está reconocido en los artículos 6º y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 9º establece que no se podrá coartar el derecho de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. México es además parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 21), que protege el derecho de reunión pacífica.

A partir de la declaración del gobernador y de lo documentado en los videos, corresponde a las autoridades competentes determinar si se está ante conductas con apariencia de delito. Las normas que entran en tensión son, al menos, las siguientes:

• El derecho de reunión y manifestación (arts. 6º y 9º constitucionales). Investigar a una persona como consecuencia de ejercer este derecho produce un efecto inhibitorio sobre su ejercicio futuro —el llamado efecto amedrentador, que la propia jurisprudencia en derechos humanos reconoce como una forma de restricción ilegítima.
• La protección de datos personales. La revisión y el cruce de información de particulares —incluida su situación judicial o familiar, que es un dato sensible— por parte de una autoridad, fuera de un procedimiento legal y sin causa que lo justifique, está sujeta a la legislación de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y su violación tiene consecuencias.
• El ejercicio debido de la función pública. El uso de recursos y facultades del Estado debe ceñirse a un fin legítimo y a un procedimiento previsto en la ley. Dirigir el aparato estatal a fichar manifestantes puede constituir un ejercicio indebido de la función pública.
• El despojo y las lesiones. La sustracción de bienes y cualquier agresión física documentadas en video son conductas tipificadas que corresponde investigar al Ministerio Público.

No corresponde a un colectivo dictar sentencia, y no lo hacemos. Corresponde señalar, con la ley en la mano, que estos son los preceptos aplicables y que existen hechos y una declaración pública que ameritan investigación por los órganos competentes: la Fiscalía, el Órgano Interno de Control, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la autoridad garante en materia de datos personales.

Las preguntas que merecen respuesta

No acusamos: preguntamos. Y dejamos que cada quien, con los videos a la vista, saque sus conclusiones. Gobernador Lemus, con el debido respeto al cargo que ostenta:

• Si la manifestación fue pacífica, ¿por qué intervino la fuerza pública sobre ella?
• ¿Por qué un adolescente de 14 años terminó llorando después del paso de su Policía Estatal Preventiva?
• ¿Con qué orden, con qué causa legal y bajo qué procedimiento se llevó su policía las mesas, las sillas y el equipo de los manifestantes?
• ¿Se siente cómodo defendiendo a las mujeres con una mano mientras, con la otra, su policía despoja y violenta a familias que marchaban en paz?
• Cuando usted habla de "darle una revisadita a los perfiles" de quienes marcharon, ¿entiende que está describiendo el uso del poder del Estado para vigilar a ciudadanos por opinar distinto?
• ¿De verdad cree que se protege a la infancia impidiendo que muchos niños y niñas convivan con sus padres?
• Cuando una autoridad discrimina o señala a un género entero, ¿no abre la puerta a que se abuse de esa ventaja en perjuicio del otro y, sobre todo, de los hijos en medio?
• ¿Reconoce que la violencia familiar también puede ser ejercida por mujeres, y que la niñez merece protección sin importar de quién provenga el daño?
• Los niños y niñas son el futuro del país: ¿qué huella psicológica deja en ellos ver a su padre golpeado o despojado por la policía?
• Y la pregunta de fondo: ¿la justicia se imparte caso por caso y con pruebas, o por categorías, sospechas y etiquetas como "machos alfa"?

Ninguna de estas preguntas es una afirmación. Son, sencillamente, las dudas que cualquier ciudadano se hace al ver los tres videos de arriba.

El antecedente que México no debe olvidar

México ya tiene un precedente que ilustra hasta dónde puede llegar la fuerza pública contra una protesta cuando nadie la detiene a tiempo, y por qué la presencia de un menor de edad en medio de una intervención policial nunca es un detalle menor.

En 2014, en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, un niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, murió tras ser herido en la cabeza por una bala de goma disparada por la policía estatal durante una protesta en la que los pobladores exigían el regreso de las oficinas del Registro Civil a su comunidad. También en aquel momento la autoridad habló de orden público, negó haber usado balas de goma y disputó su responsabilidad. El caso quedó grabado en la memoria del país como una de las advertencias más dolorosas sobre lo que ocurre cuando se normaliza el uso de la fuerza contra quienes se manifiestan: empezó como una "dispersión" y terminó con un niño muerto y años de impunidad.

El paralelismo que importa no es de gravedad —no la hay, y no la afirmamos: en Chalchihuapan un niño perdió la vida, y en Guadalajara, hasta donde está documentado, un adolescente de 14 años resultó violentado y aparece llorando en video tras la intervención. El paralelismo es de patrón: una protesta, una policía estatal actuando sobre los manifestantes, un menor de edad en medio, y una autoridad que en lugar de asumir responsabilidad busca justificar la actuación o señalar a quienes marcharon. Ese patrón es precisamente el que debe romperse antes, y no después, de que cobre una víctima irreparable.

Lo decimos con claridad y sin alarmismo: hoy estamos a tiempo. Chalchihuapan es la prueba de lo que cuesta no estarlo.

La misma causa que ayer mereció una foto, hoy merece represión

Hay un contraste que el propio entorno del gobernador vuelve imposible de ignorar. El 21 y 22 de marzo de 2025, en la Hacienda La Providencia de Guadalajara, la señora Maye Villa de Lemus —esposa del gobernador y Presidenta del DIF Jalisco— participó como autoridad invitada en un foro de mujeres, donde posó sosteniendo en alto la playera del movimiento "Soy Papá No Criminal". Una imagen vale más que mil discursos: ahí estaba la figura más cercana al gobernador, mostrando con su gesto cercanía con esta causa y con los rostros de estas familias.

Poco más de un año después, ese mismo gobierno —el de su esposo— respondió a la misma causa no con una foto, sino con su Policía Estatal Preventiva: con despojo, con violencia, y con un niño de 14 años llorando en la calle.

La misma causa que ayer mereció una foto, hoy merece represión. ¿Qué cambió en un año: la causa, o la conveniencia política de reconocerla? ¿Cuál es, entonces, la postura real del gobierno de Jalisco frente a estas familias?

Una precisión sobre quiénes marcharon

El gobernador anunció que buscará identificar "cuántos deudores alimentarios salen de esta manifestación". Conviene aportar un dato verificable: en el movimiento Soy Papá No Criminal —colectivo hermano del CNMI, nacido de esta misma causa— cada integrante cuenta con su constancia de no deudor alimentario. El registro de estas organizaciones es, por principio, exclusivo de padres y familias que están al corriente de sus obligaciones.

Esto no significa que ninguna persona deba quedar exenta de investigación cuando exista una denuncia y un procedimiento legal de por medio; significa que clasificar a un contingente entero como presuntos infractores, desde el poder y por el solo hecho de marchar, no se sostiene ni en los hechos ni en la ley. La justicia se aplica caso por caso, con pruebas y con debido proceso —no por categoría, ni por sospecha colectiva, ni por haber ejercido un derecho constitucional.

Lo que exigimos

Desde el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, demandamos:

1. Investigación pronta e imparcial por parte de la Fiscalía sobre la actuación de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, incluidos el despojo de bienes y la agresión documentada.
2. Atención y protección inmediata al adolescente afectado y a su familia, conforme al interés superior de la niñez.
3. Revisión, por los órganos competentes, de la instrucción de "revisar perfiles" anunciada por el gobernador, a la luz de los derechos de reunión y de protección de datos personales.
4. Garantía pública e inequívoca del derecho a la manifestación pacífica para todas las personas, sin distinción.

Este colectivo trabaja todos los días para que niñas y niños crezcan libres de violencia, acompañando a padres varones responsables y a sus familias en la búsqueda de un bien común. Precisamente por eso sabemos que ninguna causa justa se construye pisoteando los derechos de otros. Defender a unas personas no autoriza a vulnerar a otras. La igualdad, o es para todos, o no es igualdad.

Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad (CNMI)

El cargo El mismo patrón que mató a un niño en Puebla: la Policía Estatal de Lemus reprimió una marcha pacífica, despojó a familias y violentó a un menor de 14 años apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.

Hace casi quinientos años, una mujer pasó alrededor de mil días como reina de Inglaterra antes de subir al cadalso de la Torre de Londres. La historia la recuerda como Anne of a Thousand Days —Ana de los mil días—. Enrique VIII la hizo ejecutar el 19 de mayo de 1536, acusada de adulterio y de traición. La acusación nunca se sostuvo: fue, como han documentado los historiadores, una construcción de la corte. Once días después de la ejecución, el rey se casó con Jane Seymour, la mujer por la que había decidido deshacerse de su esposa mucho antes de inventarle un delito. El crimen no fue de Ana. El crimen fue el deseo de un poderoso de quedarse con alguien más.

A casi quinientos años de distancia, en la Ciudad de México, otro súbdito británico se acerca a su propio número redondo. Hoy, 20 de mayo de 2026 —por una coincidencia que cuesta no advertir, casi el mismo día del calendario en que cayó la cabeza de Ana Bolena—, Morris Roy Lester cumple 997 días privado de la libertad sin que un solo juez haya dictado sentencia. En tres días alcanzará los mil.

La inversión de la metáfora es exacta. A Ana de los mil días la condenó el deseo de un poderoso de quedarse con otra persona. A Morris —según la evidencia que su defensa ha presentado y que ningún tribunal ha logrado desmentir en tres años— lo encarceló el deseo de alguien de quitárselo todo: sus hijos, su libertad, su nombre. La metáfora se voltea como un guante. El mecanismo es idéntico: una acusación que el tiempo no ha podido convertir en prueba, sostenida no por la evidencia sino por la inercia del poder.

El número que la Constitución prohíbe

Empecemos por lo que no admite interpretación, porque es la columna vertebral de esta historia y no depende de la versión de nadie: está escrito en la Constitución.

El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que la prisión preventiva "en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado". Y no deja la consecuencia a la imaginación: si cumplido ese plazo no se ha dictado sentencia, "el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso".

Hagamos la aritmética que el sistema no ha querido hacer.

Dos años son 730 días.

Morris Roy Lester lleva 997.

La diferencia es de 267 días. Casi nueve meses. Treinta y ocho semanas. Más tiempo del que dura un embarazo. Más de la cuarta parte de todo su encarcelamiento ha transcurrido ya después del plazo que la Constitución señala como límite absoluto. No se trata de un margen, de un retraso administrativo, de una semana de papeleo: es la distancia entre lo que la ley suprema del país ordena y lo que un tribunal ha permitido que ocurra, día tras día, durante casi nueve meses.

¿Existe una salida legal para prolongar la prisión más allá de los dos años? La hay, pero es estrecha, y aquí es donde el caso se desploma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2022 que ese plazo puede revisarse caso por caso —pero únicamente cuando exista causa justificada y, de manera decisiva, cuando la demora no sea atribuible a la propia autoridad. La Corte fue explícita: si el Ministerio Público no acredita la necesidad de prolongar la medida, la prisión preventiva debe cesar. No es una recomendación. Es jurisprudencia obligatoria.

La pregunta, entonces, se vuelve simple y demoledora: ¿acreditó la fiscalía esa necesidad? ¿Es la demora atribuible a la defensa, o a la autoridad?

El silencio de la investigación

La respuesta está en el propio expediente, y es el hecho más contundente de todo el caso, porque no es una opinión ni una versión: es lo que consta en las transcripciones de las audiencias.

En casi tres años de proceso, la investigación en contra de Morris Roy Lester no ha producido una sola prueba nueva. El propio juzgador llegó a constatar que los medios de prueba que llevarían el caso a juicio eran exactamente los mismos que existían el día de la vinculación: ni uno más, ni uno menos. En octubre de 2023, ante la pregunta directa del juez sobre qué actos de investigación había realizado el Ministerio Público en el transcurso de un mes, la respuesta fue, en esencia, ninguno. Datos de geolocalización telefónica que pudieron ser decisivos se perdieron por inacción de la propia fiscalía. Diligencias elementales se solicitaron al final, no al principio.

Detengámonos en el peso de esto. La única vía legal para mantener preso a alguien más de dos años exige que la autoridad demuestre que la demora no es culpa suya. En este caso, la autoridad reconoció ante un juez que pasó un mes sin actuar, perdió evidencia por su propia negligencia, y no agregó al expediente nada que no estuviera ahí desde el principio. La demora no solo es atribuible a la autoridad: está documentada de su puño y letra en las actas. Bajo el propio criterio de la Suprema Corte, esto no es un caso límite. Es exactamente el supuesto en el que la prisión preventiva debía haber cesado.

Y, sin embargo, el reloj siguió corriendo. Sobre un hombre.

La acusación que el tiempo no logró probar

Morris Roy Lester, originario de Saltcoats, North Ayrshire, en Escocia, está acusado de un delito de la máxima gravedad: la tentativa de feminicidio de su exesposa, presuntamente cometida el 24 de octubre de 2022 en un consultorio de la Ciudad de México. Por su gravedad, esa imputación activa de forma automática la prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional. Y, por su gravedad precisamente, es la clase de acusación que debería resistir el escrutinio más riguroso de la evidencia. Tres años después, no lo ha resistido, porque nadie lo ha sometido a ese escrutinio.

La defensa ha construido una coartada que no descansa en la palabra de nadie, sino en datos verificables. El historial de geolocalización de la cuenta de Google del acusado lo ubica, minuto a minuto durante toda la jornada del 24 de octubre, en Cuernavaca, Morelos —a unos 85 kilómetros del lugar del supuesto ataque— sin un solo registro en la capital. Mensajes con marcas de tiempo lo sitúan conversando desde esa misma ciudad a la hora exacta en que, según la denuncia, estaría estrangulando a una persona a 85 kilómetros de distancia. Un perito médico legista que revisó el certificado de lesiones original concluyó que las marcas descritas no eran compatibles con un estrangulamiento manual. Dos testigos independientes lo ubican en su domicilio.

Es necesario el rigor: nada de esto es una sentencia, y no corresponde a un periodista —sino a un tribunal— resolver el valor de esa prueba. Pero ahí está, otra vez, el corazón del asunto. Tres años después, ningún tribunal la ha resuelto. A la persona que dice tener datos de su inocencia no se le ha dado un juicio donde demostrarlos; se le ha dado una celda donde esperarlos. La presunción de inocencia, que la Constitución garantiza, se ha invertido en los hechos: Morris no está preso hasta que se pruebe su culpabilidad, está preso en lugar de que se pruebe.

Sobre quien presentó la acusación, el rigor obliga a la misma cautela y a la misma firmeza. Lo objetivo, lo que consta en el expediente y en procesos familiares paralelos en el estado de Morelos, es esto: existe un patrón documentado de denuncias previas contra el acusado que no fueron confirmadas por ninguna autoridad, y cuyo calendario coincide con momentos de disputa por la custodia de los dos hijos de la pareja. Un juez de lo familiar en Morelos llegó a advertir, según esos registros, sobre la presentación de acusaciones sin sustento. No corresponde a esta narración nombrar a la denunciante como autora de un delito que ningún juez ha declarado, ni atribuirle intenciones. Corresponde, sí, exponer el patrón —porque está documentado— y la pregunta que de él se desprende: ¿cómo es posible que una acusación que tardó casi tres meses en presentarse ante la autoridad, y que se inscribe en un patrón de denuncias no confirmadas, haya bastado para mantener a un hombre encarcelado casi tres años, mientras la investigación que debía sostenerla no avanzaba un solo paso?

El doble rasero que la propia presidente puso sobre la mesa

Aquí la historia deja de ser la de un solo hombre y se vuelve la de un principio que el Estado mexicano proclama y, en este caso, incumple.

En las últimas semanas, la mandataria presidencial de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido con energía un principio elemental del Estado de derecho. Ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, la mandataria fijó una postura nítida y, en sí misma, irreprochable. Sostuvo que ningún ciudadano mexicano —sin importar su filiación política, sea o no funcionario público— debe enfrentar un juicio sin que existan pruebas para acusarlo. Resumió su posición en tres palabras: verdad, justicia y defensa de la soberanía. Y a quienes enumeraban sus opciones frente al caso, les respondió que olvidaban la más importante: pedir pruebas.

La doctrina es impecable. La presunción de inocencia, el debido proceso, la exigencia de pruebas contundentes antes de privar a alguien de su libertad: ninguno de esos principios debería depender de quién es el acusado, de su nacionalidad o de su utilidad política.

Pero esa misma exigencia ya ha sido señalada públicamente por su selectividad —y no por la defensa de Morris, sino por una de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas del continente. La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), a través de su directora para México, Stephanie Brewer, planteó la contradicción sin rodeos: se exigen pruebas contundentes para proteger a un gobernador, mientras se mantiene a decenas de miles de personas en prisión preventiva oficiosa vulnerando su debido proceso. Brewer formuló la pregunta que ningún funcionario ha respondido: ¿dónde está ese debido proceso y esa presunción de inocencia para las decenas de miles de mexicanos en prisión preventiva?

A esa pregunta, hoy, se le puede poner un rostro, un nombre y un número. ¿Dónde está la exigencia de "pruebas contundentes" para Morris Roy Lester, 997 días después? ¿Por qué el principio que se invoca para proteger a un gobernador con licencia no alcanza a un padre extranjero contra el cual la propia fiscalía reconoció no haber sumado una sola prueba en tres años? La presidenta tiene toda la razón cuando dice que un ciudadano no puede ser acusado sin pruebas. El caso Lester es la demostración, dentro de las propias fronteras de México, de que ese principio todavía no se aplica a todos por igual. La vara con que se mide a un poderoso y la vara con que se mide a un extranjero sin influencia no son la misma. Y un principio que solo protege a quien conviene proteger no es un principio: es un privilegio.

El costo que no aparece en el expediente

Detrás del número hay una familia desmontada pieza por pieza. Dos hijos que han crecido casi mil días sin su padre —días que no se devuelven, cumpleaños que no se repiten, una infancia que avanza sin esperar a que un tribunal decida. Una vida profesional interrumpida. Y un país de origen, el Reino Unido, cuya notificación consular —según la defensa— nunca se realizó en debida forma, en aparente contravención de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de modo que ni siquiera se activó la protección mínima que el derecho internacional reconoce a cualquier extranjero detenido.

Cada uno de esos 997 días tiene un costo que ningún tribunal computará jamás, porque el daño de la prisión preventiva injusta pertenece a esa categoría de agravios que no se reparan: solo se acumulan. Un hombre eventualmente absuelto no recupera los años; el Estado, en el mejor de los casos, le ofrece una disculpa por un tiempo que ya no existe.

Mahatma Gandhi, que conoció las cárceles y la paciencia, dejó escrita una idea que parece hecha para este momento: a lo largo de la historia, dijo, el camino de la verdad siempre ha terminado por vencer. Ha habido tiranos y han parecido invencibles por un tiempo, pero al final siempre caen. El tiempo, que en este caso ha jugado tantos meses del lado de la injusticia, es también el que la delata. Cada día adicional que el caso Lester permanece sin sentencia no fortalece a la acusación: la desnuda. Convierte el silencio de la investigación en su confesión más elocuente.

Ana Bolena no vivió para ver caer a quienes la condenaron. Pero la historia sí terminó cayendo del lado de la verdad: su hija, Isabel I, reinó cuarenta y cinco años, y hoy la memoria recuerda a Ana no como la adúltera que inventó la corte, sino como lo que fue —la víctima de un poder que confundió su propio deseo con la justicia.

Morris Roy Lester todavía está a tiempo. Le faltan tres días para los mil. Y la pregunta que México debe responder antes de ese número no es una pregunta de la defensa ni de un periodista: es, palabra por palabra, la que su propia presidenta ha exigido para otros. ¿Dónde están las pruebas?

Si las hay, que se presenten y que haya juicio. Si no las hay —y la propia fiscalía ha reconocido ante un juez que en tres años no sumó ninguna—, entonces la Constitución ya escribió la respuesta hace mucho. Dos años. Setecientos treinta días. Ese plazo venció hace 267 días.

El reloj corre desde hace 997 días. Alguien, en algún lugar del sistema, tiene la obligación legal de detenerlo. La pregunta no es si la ley lo ordena —la ley ya lo ordenó. La pregunta es cuántos días más tardará México en obedecer su propia Constitución.

Esta narración se sustenta en el marco constitucional mexicano vigente (artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los límites de la prisión preventiva, en declaraciones públicas de la presidenta de México y de la organización Washington Office on Latin America (WOLA) recogidas por la prensa nacional, y en las transcripciones oficiales de las audiencias del proceso. No prejuzga la culpabilidad o la inocencia de ninguna de las partes ni atribuye delitos no declarados por una autoridad. Expone una cuestión de derecho público —el cumplimiento de los plazos constitucionales de la prisión preventiva— cuya resolución corresponde a las autoridades competentes conforme a derecho.

Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad

El cargo Casi mil días sin una sola prueba nueva: el reloj que México olvidó detener apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.

Por el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad (CNMI) 4 de mayo de 2026

Los hechos

La noche del viernes 1 de mayo de 2026, Roxana N., de 40 años, regresó a su domicilio en el fraccionamiento La Rioja, Mexicali, después de asistir a una fiesta. Entró a su casa, se bañó, y se durmió. Su hijo Vicente, de 3 años, quedó atado a su silla de seguridad en el asiento trasero del vehículo estacionado afuera.

No despertó hasta el mediodía del sábado.

A las 13:30 horas hizo la llamada de emergencia. Para entonces, Vicente llevaba más de 12 horas encerrado en un auto que, según el Servicio Médico Forense de Mexicali, alcanzó internamente más de 45 grados centígrados (Lara, 2026; Olvera, 2026).

El niño murió entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, mientras su madre dormía. La necropsia reveló quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, producidas por la exposición al calor (Sánchez Brito, 2026).

Versiones extraoficiales —incluida la del padre— señalan que Roxana habría llegado en estado de ebriedad, aunque la Fiscalía General del Estado de Baja California aún no lo confirma oficialmente (TV Azteca, 2026; El Imparcial de Oaxaca, 2026).

Roxana fue detenida por el delito de omisión de cuidados, que en el Código Penal de Baja California contempla penas de seis meses a dos años de prisión (Olvera, 2026).

El dato que casi nadie está mencionando

Mientras los medios titulan "madre olvida a su hijo" y las redes se llenan de indignación contra Roxana, hay un hecho documentado que apenas aparece en una línea, casi al final de algunas notas:

El padre de Vicente estaba en un proceso legal para recuperar la patria potestad y había solicitado custodia compartida (calibre800, 2026; Tiempo, 2026).

Y aún más grave, según declaraciones del propio padre difundidas tras la tragedia:

"Un juez determinó que el niño debía estar con la madre sin haber realizado pruebas psicológicas previas" (Blog del Narco, 2026).

Lean eso otra vez.

Un padre pidió custodia compartida. Un juez se la negó. No se ordenaron evaluaciones psicológicas. La madre conservó la custodia exclusiva. Y un sábado por la mañana, mientras ella dormía la borrachera, su hijo de 3 años se cocinaba dentro de un auto.

Las preguntas que hay que hacer

Desde CNMI, defendemos la igualdad sustantiva. Eso significa pedir las mismas preguntas que se harían si los papeles estuvieran invertidos:

1. Si hubiera sido el padre quien dejó al niño 14 horas en el auto tras una fiesta, ¿estaríamos hablando de "omisión de cuidados" con pena de 6 meses a 2 años? ¿O estaríamos viendo titulares con palabras como feminicidio infantil, violencia vicaria, padre asesino?

2. Si el padre hubiera tenido la custodia exclusiva tras un proceso sin evaluación psicológica, ¿alguien estaría defendiendo al juez que se la otorgó? ¿O hablaríamos de complicidad institucional?

3. ¿Por qué los jueces familiares en México siguen aplicando, en la práctica, el principio de "preferencia maternal" —derogado formalmente, pero vigente en la cultura judicial— sin ordenar de oficio las evaluaciones psicológicas que la ley establece?

4. ¿Cuántos padres en este país están exactamente en la posición del padre de Vicente —pidiendo convivencia, custodia compartida, evaluaciones imparciales— y están siendo desestimados por jueces que asumen que "con la madre estará bien"?

5. ¿Cuándo va a entender el sistema que el "interés superior del menor" no es sinónimo de "se queda con la madre"?

El punto incómodo

En CNMI denunciamos desde hace años la falacia vicaria: la construcción ideológica que presume que los padres son, por defecto, una amenaza, y que las madres son, por defecto, cuidadoras seguras. Esa presunción es lo que sostiene resoluciones como la que dejó a Vicente bajo custodia exclusiva de Roxana sin pruebas psicológicas.

No estamos diciendo que todas las madres sean negligentes. Estamos diciendo —y los datos lo respaldan— que la negligencia, el abuso y el descuido infantil no tienen sexo. Las estadísticas internacionales sobre fatalidades por maltrato infantil muestran que las madres son responsables en una proporción al menos igual a los padres, y en muchas categorías mayor (U.S. Department of Health & Human Services, 2023).

Pero el sistema judicial mexicano sigue operando bajo el supuesto contrario. Sigue otorgando custodia exclusiva a madres sin evaluación. Sigue criminalizando a padres que piden convivencia. Sigue desoyendo solicitudes de pruebas psicológicas porque "la madre es la madre".

Y luego, cuando un niño muere, el sistema se escandaliza, detiene a la madre por omisión de cuidados —pena máxima 2 años—, y se olvida del juez que firmó la resolución que lo puso ahí.

Lo que se debe exigir

Desde CNMI - Soy Papá No Criminal, exigimos:

1. Evaluación psicológica obligatoria de oficio en todo proceso de custodia, para ambos progenitores, no solo cuando el padre la solicita.
2. Presunción de coparentalidad como punto de partida en juicios familiares, no presunción de "preferencia maternal".
3. Investigación al juez que resolvió la custodia exclusiva en este caso sin ordenar pruebas psicológicas.
4. Que la pena por omisión de cuidados con resultado de muerte se equipare a la del homicidio culposo agravado, sin distinción de quién sea el progenitor responsable.
5. Reconocimiento legal y social de que la negligencia parental letal es violencia infantil, sin importar el sexo del agresor.

Vicente

Vicente tenía 3 años. Le gustaba —porque a todos los niños de 3 años les gusta— que lo cargaran, que le contaran cuentos, que su papá lo recogiera los fines de semana.

Su papá no estaba en la ciudad ese fin de semana. Su papá tampoco tenía la custodia. Su papá había pedido al sistema que evaluara a ambos, que escuchara, que decidiera con base en pruebas y no en prejuicios.

El sistema le dijo que no.

Hoy Vicente está en el SEMEFO. Su madre está detenida. El juez sigue trabajando.

Que su nombre sirva para que esto deje de repetirse.

Vicente, descansa en paz. Te fallamos como sociedad. Te falló la justicia.

Referencias

Blog del Narco. (2026, 4 de mayo). En Mexicali Roxana que peleaba la custodia de su hijo, llegó borracha a su casa, se durmió, pero olvidó al niño en la camioneta y murió por el calor. https://www.blogdelnarco.org/2026/05/en-mexicali-una-mujer-que-peleaba-la.html

calibre800. (2026, 4 de mayo). Borracha abandonó a su hijo en el carro… murió. https://www.calibre800.com/2026/05/04/borracha-abandono-a-su-hijo-en-el-carro-murio/

El Imparcial de Oaxaca. (2026, 4 de mayo). Muere niño olvidado en un auto: el calor convierte un descuido en tragedia en Mexicali. https://imparcialoaxaca.mx/nacional/muere-nino-olvidado-en-un-auto-el-calor-convierte-un-descuido-en-tragedia-en-mexicali/

Lara, J. (2026, 4 de mayo). Niño muere por golpe de calor en Mexicali; lo olvidaron en el carro. López-Dóriga Digital. https://lopezdoriga.com/nacional/nino-muere-golpe-de-calor-mexicali-lo-olvidaron-carro/

Olvera, R. (2026, 4 de mayo). Caso Vicente: muere menor de 3 años por golpe de calor; su mamá lo dejó olvidado en el coche tras llegar en estado de ebriedad. Eje Central. https://www.ejecentral.com.mx/nuestro-eje/caso-vicente-muere-menor-de-3-anos-por-golpe-de-calor-su-mama-lo-dejo-olvidado-en-el-coche-tras-llegar-en-estado-de-ebriedad

Redacción Infobae. (2026, 4 de mayo). Niño de 3 años murió tras pasar horas dentro de un auto: el caso de Vicente conmociona en Mexicali. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2026/05/04/nino-de-3-anos-murio-tras-pasar-horas-dentro-de-un-auto-el-caso-de-vicente-conmociona-en-mexicali/

Redacción Milenio. (2026, 4 de mayo). Niño de 3 años muere por golpe de calor en un carro en Mexicali. Milenio. https://www.milenio.com/estados/nino-muere-por-golpe-de-calor-olvidado-carro-mexicali-baja-california

Sánchez Brito, A. (2026, 4 de mayo). ¿Qué se sabe del caso del niño Vicente que murió por un golpe de calor en Mexicali? UnoTV. https://www.unotv.com/estados/baja-california/que-se-sabe-del-caso-del-nino-vicente-que-murio-por-un-golpe-de-calor-en-mexicali/

Tiempo. (2026, 4 de mayo). Olvidó a su hijo dentro de auto en Mexicali; lo encontró sin vida. https://www.tiempo.com.mx/nacional/olvido-hijo-auto-fiesta-fallecio-golpe-de-calor-mexicali-baja-california/

TV Azteca. (2026, 3 de mayo). ¿De qué murió el niño Vicente en Mexicali, Baja California? Menor queda encerrado en un auto por horas. https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/muere-nino-vicente-en-mexicali-baja-california-menor-queda-encerrado-auto-12-horas/

U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families. (2023). Child maltreatment 2021. Children's Bureau. https://www.acf.hhs.gov/cb/data-research/child-maltreatment

El cargo Caso Vicente: Cuando la "preferencia maternal" se convierte en sentencia de muerte apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.

Publicado por el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad (CNMI) · Movimiento Soy Papá No Criminal

Los datos que rompen la narrativa oficial

El 28 de abril de 2026, la Coalición para Poner Fin a la Violencia Doméstica (CEDV) y la Alianza Internacional contra el Abuso y la Violencia Doméstica (DAVIA) publicaron un comunicado internacional documentando un fenómeno global que la prensa hegemónica prefiere ignorar (Coalition to End Domestic Violence, 2026).

El dato central proviene del informe oficial de Ipsos en colaboración con el Global Institute for Women's Leadership del King's College London, una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo en estudios de género. La encuesta levantó 23,268 entrevistas en 29 países entre el 24 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026 (Ipsos, 2026).

A la pregunta directa "Me defino como feminista":

Solo el 39% de la población global respondió afirmativamente. El 50% lo rechazó. Y la tendencia va en aumento.

No es un margen estrecho. Es la mitad del planeta diciendo que la palabra "feminista" ya no los representa. Y eso, en términos sociopolíticos, no es un detalle: es un terremoto.

Los 13 países donde la mayoría ya no quiere esa etiqueta

Según los datos publicados por Ipsos (2026), los siguientes países encabezan el viraje, ordenados por el porcentaje de población que NO se define como feminista:

País	% que NO se define como feminista
Corea del Sur	74%
Japón	64%
Alemania	62%
Perú	62%
Hungría	62%
Turquía	58%
Colombia	56%
México	56%
Argentina	56%
Polonia	56%
Chile	54%
Bélgica	51%
Indonesia	43%

México lidera el viraje en América Latina junto con Perú, Colombia, Argentina y Chile. Los cinco países más representativos del feminismo militante latinoamericano de los últimos diez años son, hoy, los que registran las mayores proporciones de rechazo ciudadano a esa misma etiqueta.

No es coincidencia. Es consecuencia.

La pregunta política que el gobierno mexicano no quiere escuchar

Una proporción creciente de la población —incluyendo a la mayoría de los mexicanos, alemanes, japoneses, coreanos, peruanos, húngaros, colombianos, argentinos, polacos, chilenos, turcos y belgas— ha dejado de identificarse con la corriente ideológica que reclama el monopolio de la palabra "feminismo".

Y aquí surge la pregunta que ningún medio mexicano se atreve a formular en voz alta:

¿Cómo afectará este desencanto el voto en México?

Estamos ante un gobierno federal que se autoproclama abiertamente feminista, que decretó 2025 como "Año de la Mujer Indígena", que creó una Secretaría de las Mujeres a nivel federal, que reformó la Constitución para introducir el principio de "deberes reforzados" exclusivos hacia las mujeres, y que avaló —a través de una Suprema Corte alineada con esa visión— una figura penal aplicable solo a un sexo: la mal llamada "violencia vicaria" (SCJN, 2025).

Todo este andamiaje político-jurídico se construyó bajo el supuesto de que representaba la voluntad mayoritaria del pueblo de México. Los datos de Ipsos y King's College London demuelen ese supuesto:

• El 56% de los mexicanos NO se identifica como feminista.
• A nivel global, el 52% considera que las cosas en igualdad de género ya han ido lo suficientemente lejos.
• El 52% de los varones a nivel global considera que se les discrimina en nombre de la igualdad.
• De los 24 países comparables desde 2019, 23 muestran un aumento sostenido del desencanto.

¿Cuántos de esos millones de mexicanos que no se identifican con esta agenda ideológica están dispuestos a seguir votando por partidos que la imponen como política de Estado? ¿Cuántos padres separados de sus hijos por procesos judiciales eternos? ¿Cuántas abuelas obstruidas? ¿Cuántas familias paternas borradas? ¿Cuántos hombres acusados sin pruebas?

Las elecciones intermedias de 2027 y la federal de 2030 darán la respuesta. Y los datos de Ipsos sugieren que esa respuesta no será la que el oficialismo espera.

Quien gobierna en nombre de una mayoría que ya no existe, gobierna sobre una ficción. Y las ficciones, tarde o temprano, se cobran en las urnas.

El dato más demoledor: la otra mitad de la encuesta

El mismo informe de Ipsos (2026) revela que la fractura no se queda en la palabra "feminista". Los hallazgos secundarios son aún más reveladores:

• 52% de los encuestados a nivel global considera que, en cuanto a derechos de las mujeres, "las cosas ya han ido lo suficientemente lejos en mi país".
• 54% de los varones a nivel global considera que se les exige hacer demasiado para apoyar la igualdad (frente al 38% de las mujeres).
• 52% de los varones está de acuerdo con la frase: "Hemos ido tan lejos en promover la igualdad de las mujeres que estamos discriminando a los hombres."
• De los 24 países encuestados de forma comparable desde 2019, 23 muestran un aumento en la percepción de que la agenda de igualdad ha ido demasiado lejos. Polonia encabeza el incremento (+18 puntos porcentuales).

Estos datos no provienen de un colectivo de padres ni de un medio conservador: provienen de una encuesta académica conjunta entre Ipsos y el King's College London, dos instituciones que están muy lejos de cualquier sospecha de sesgo antifeminista.

El caso mexicano reconocido en el comunicado internacional

El comunicado de DAVIA (Coalition to End Domestic Violence, 2026) menciona explícitamente a México como uno de los frentes donde la opinión pública se ha traducido en movilización ciudadana organizada. Reseña la jornada nacional del 24 de abril de 2026, cuando el CNMI, su movimiento Soy Papá No Criminal, Niños con MaPa y otras organizaciones convocaron simultáneamente, bajo la consigna:

"Soy papá, no criminal."

El comunicado también registra que la petición ciudadana asociada a esta causa, alojada en Change.org bajo el título "Promover la igualdad ante la ley para los hombres", ha sido respaldada por más de 126,000 firmas (Change.org, 2026), exigiendo igualdad real ante la ley para los varones en materia familiar y penal.

Que una alianza internacional con organizaciones miembros en más de 40 países cite a México como ejemplo de resistencia ciudadana confirma algo importante: el movimiento mexicano de padres responsables y familias paternas ya no es local. Es parte de una tendencia internacional documentada.

La marea internacional: cuatro países, una sola conclusión

El comunicado de DAVIA documenta tendencias paralelas en cuatro continentes (Coalition to End Domestic Violence, 2026):

Canadá. La académica Janice Fiamengo publica una serie de ensayos cuestionando los supuestos epistemológicos del feminismo contemporáneo en su columna Women Can't Build Civilization (Fiamengo, 2026), abriendo un debate intelectual que durante años estuvo cerrado.

Reino Unido. The New Statesman publicó una investigación sobre el ascenso del radicalismo ideológico entre mujeres jóvenes (Pope, 2026), generando un debate público sobre si los algoritmos y la cultura digital están produciendo una generación capturada por discursos de hostilidad. La investigadora Debra Soh respondió con un artículo en The Globe and Mail titulado "How Young Women are Radicalized into Hating Men" (Soh, 2026).

Estados Unidos. Evie Magazine publicó "Hating Men Isn't Improving Your Life", donde Lisa Britton documenta cómo la misandria mediática —el discurso de hostilidad contra los varones— se ha vuelto absolutamente mainstream en escuelas, medios, Hollywood y universidades (Britton, 2026).

La comentarista Carrie Gress lo resume con una frase que merece quedar grabada: "Los feministas se sobreextendieron; hombres y mujeres finalmente están rechazando su talante tiránico, pretencioso y condescendiente" (Gress, 2026).

Lo que este viraje sí significa

Antes de avanzar, hay que ser rigurosos. Los datos no dicen que la sociedad rechaza la dignidad de las mujeres ni que apoye la violencia hacia ellas. Los datos dicen algo distinto y más profundo:

La población mundial —y especialmente la mexicana— ha dejado de identificarse con la corriente ideológica que reclama el monopolio de la palabra "feminismo". Y lo ha hecho porque percibe que esa corriente se ha apartado de cualquier idea razonable de igualdad para convertirse en una agenda con efectos colaterales devastadores:

• Hombres separados de sus hijos durante 5, 7, 9 años o más, sin sentencia firme, mientras los tribunales tardan lo que la Constitución mexicana prohíbe que tarden.
• Denuncias falsas instrumentalizadas como herramienta procesal en juicios familiares, un fenómeno documentado por DAVIA en una encuesta internacional con YouGov en Argentina, Australia, Reino Unido y Estados Unidos en 2025 (Coalition to End Domestic Violence, 2025).
• La figura jurídica de la mal llamada "violencia vicaria" que, como reveló la Acción de Inconstitucionalidad 57/2024, fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre de 2025 como aplicable únicamente cuando la víctima es mujer, blindando una construcción jurídica de género único en abierta tensión con el principio de igualdad ante la ley del artículo 1° constitucional (SCJN, 2025).
• Suicidios masculinos invisibilizados: según el INEGI (2025), en 2024 el 80.7% de los suicidios registrados en México fueron de hombres, con una tasa cuatro veces superior a la femenina, y ninguna política pública con perspectiva de género los considera sujetos prioritarios de atención.
• Niñas y niños alienados de uno de sus progenitores, con consecuencias psicológicas que la academia oficialista mexicana se ha negado sistemáticamente a investigar con rigor.

La sentencia que confirma todo lo que el CNMI ha denunciado

El 14 de octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 57/2024, promovida por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La sentencia hizo exactamente lo opuesto a lo que cualquier sistema jurídico equilibrado haría: avaló la constitucionalidad de la violencia vicaria como figura unilateral, aplicable solo cuando la víctima es mujer (SCJN, 2025).

La argumentación central: que los hombres ya cuentan con la figura general de "violencia familiar" y que, por tanto, no se les discrimina. Una lógica jurídica que rompe el principio elemental de igualdad ante la ley: misma conducta, mismo tipo penal, sin importar el sexo de quien la comete o la padece.

La organización Perspectiva de Infancia —que presentó un amicus curiae ante la Corte— denunció que la sentencia viola el interés superior de la niñez, al dejar desprotegidos a los niños y adolescentes utilizados por madres agresoras (Proceso, 2025).

Esto es exactamente lo que el CNMI ha denunciado durante años: la violencia vicaria, tal como ha sido legislada y blindada por la SCJN, no es una herramienta de protección. Es una construcción ideológica de género único que rompe la igualdad ante la ley, criminaliza por presunción al varón, y deja desprotegidos a niños y niñas víctimas de violencia materna.

Y precisamente porque la SCJN avaló esa figura, el desencanto ciudadano que muestra la encuesta de Ipsos cobra todo su sentido. No es casualidad que la mayoría de los mexicanos ya no se identifique con un movimiento que ha producido estas distorsiones jurídicas.

Tres tesis que el CNMI ha sostenido desde su fundación

1. La igualdad real no se construye sobre la criminalización de un sexo. Una sociedad no se vuelve más justa fabricando una nueva clase de sospechosos permanentes. La igualdad ante la ley es universal, indivisible y bidireccional, o no es igualdad: es revancha disfrazada de progreso.

2. La llamada "violencia vicaria", tal como ha sido legislada y avalada en México, es una construcción jurídica problemática. La Acción de Inconstitucionalidad 57/2024 reveló sus contradicciones: una figura penal aplicable a un solo sexo, sin estándares probatorios diferenciados, sin perspectiva de infancia. No la reconocemos como categoría jurídica legítima. La impugnaremos donde corresponda, con argumentos jurídicos rigurosos y evidencia documental.

3. Los derechos de las niñas y los niños están por encima de cualquier agenda de adultos. Privar a un menor de su padre durante años, sin sentencia firme, es violencia institucional. Quien lo permite, quien lo legisla y quien lo ejecuta deberá responder ante la historia y, eventualmente, ante tribunales internacionales de derechos humanos.

El cambio cultural ya empezó. Lo que viene es la batalla institucional —y electoral

El cambio de opinión pública es la primera trinchera. La segunda es la batalla legislativa, judicial, mediática y electoral, donde aún quedan estructuras capturadas por la ideología que deberán reformarse mediante argumentos jurídicos rigurosos, evidencia científica replicable, debate democrático abierto y, sobre todo, el voto ciudadano informado.

Desde el CNMI y Soy Papá No Criminal seguiremos trabajando por una agenda concreta y verificable:

1. Igualdad ante la ley sin excepciones de sexo en materia familiar y penal.
2. Debido proceso y presunción de inocencia para toda persona, sin importar su género.
3. Revisión integral de figuras jurídicas como la violencia vicaria, que vulneran principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica.
4. Coparentalidad responsable como principio rector del derecho familiar, en consonancia con el interés superior de la niñez establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
5. Reconocimiento integral de las víctimas reales de violencia familiar —hombres, mujeres, niñas, niños y adultos mayores— sin instrumentalización política ni asimetrías procesales.

Cierre: el silencio terminó. Lo siguiente es la urna.

Durante demasiado tiempo, hablar de los derechos de los padres fue motivo de cancelación. Cuestionar la "violencia vicaria" fue tachado de defensa al maltratador. Pedir igualdad ante la ley fue calificado de retroceso.

Hoy los datos hablan, y hablan claro: la mitad del mundo, y la mayoría de los mexicanos, ya no se identifica con el feminismo como ideología. La encuesta global de Ipsos y King's College London no es propaganda: es estadística rigurosa con 23,268 entrevistas y metodología pública. Y lo que dice no se puede cancelar: el desencanto es real, es global, es mexicano, y va en aumento.

A los políticos que hoy gobiernan en nombre de una ideología que perdió a la mayoría: los datos no mienten, y las urnas tampoco.

En el CNMI lo decimos sin filtros y sin medias tintas: estamos del lado de las familias, de los hijos y de los padres responsables. Estamos del lado de la igualdad ante la ley, de la evidencia científica y del derecho. Estamos del lado de la verdad, no del dogma.

El silencio se rompió. Y ya no se va a callar.

Únete al CNMI · Soy Papá No Criminal Porque amar a un hijo no es delito. Porque ser padre no es un crimen. Porque la igualdad se defiende con todos, o no es igualdad.

#CNMI #SoyPapáNoCriminal #IgualdadRealAnteLaLey #DerechoNoDogma #IpsosKCL2026 #ElectoralWatch2027

Referencias

Britton, L. (2026, 24 de abril). Hating men isn't improving your life. Evie Magazine. https://www.eviemagazine.com/post/hating-men-isnt-improving-your-life

Change.org. (2026). Promover la igualdad ante la ley para los hombres [Petición en línea]. https://www.change.org/p/promover-la-igualdad-ante-la-ley-para-los-hombres

Coalition to End Domestic Violence. (2025, 24 de agosto). False allegations target millions around the world, survey reveals [Comunicado de prensa]. https://endtodv.org/pr/false-allegations-target-millions-around-the-world-survey-reveals/

Coalition to End Domestic Violence. (2026, 28 de abril). Public opinion is now turning against feminist ideology [Comunicado de prensa]. https://endtodv.org/pr/public-opinion-is-now-turning-against-feminist-ideology/

Fiamengo, J. (2026). Women can't build civilization. The Fiamengo File. https://fiamengofile.substack.com/p/women-cant-build-civilization

Gress, C. (2026, 20 de abril). How feminism created an insufferable class of supposedly infallible females. The Federalist. https://thefederalist.com/2026/04/20/how-feminism-created-an-insufferable-class-of-supposedly-infallible-females/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio: Datos 2024 [Comunicado de prensa]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_Suicidio_25.pdf

Ipsos. (2026). Mind the gaps: Global attitudes toward gender equality in 2026 — International Women's Day Report. Ipsos & Global Institute for Women's Leadership, King's College London. https://www.ipsos.com/en/international-womens-day-2026

Pope, C. (2026, abril). Revealed: The new radicalism among young women. The New Statesman. https://www.newstatesman.com/politics/polling/2026/04/revealed-the-new-radicalism-among-young-women

Proceso. (2025, 18 de octubre). Reclaman a la Suprema Corte por avalar legislación deficiente sobre la violencia vicaria. https://www.proceso.com.mx/nacional/justicia/2025/10/18/reclaman-la-suprema-corte-por-avalar-legislacion-deficiente-sobre-la-violencia-vicaria-361042.html

Soh, D. (2026). How young women are radicalized into hating men. The Globe and Mail. https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-how-young-women-are-radicalized-into-hating-men/

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2025, 14 de octubre). Acción de Inconstitucionalidad 57/2024 [Resolución del Pleno]. https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=8366

El cargo El feminismo ideológico pierde el pulso con la sociedad: 13 países lo confirman, y México encabeza el viraje en América Latina apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.

Mientras padres, madres, abuelas, hijos e hijas marchábamos el pasado viernes 24 de abril en varios estados de la República bajo la consigna #SoyPapáNoCriminal, una voz más se sumó al coro de quienes ya no pueden seguir guardando silencio.

El Cardenal José Francisco Robles Ortega declaró públicamente lo siguiente:

"Las mamás no pueden impedirles [a los padres ver a sus hijos], a no ser que estén incumpliendo o faltando a algunos de los acuerdos que ratificaron con el juez. Tienen derecho de ver a sus hijos, y el hijo tiene derecho de conocer a sus papás, convivir con ellos y crecer con la compañía de ellos."

Y agregó algo que nos atravesó el alma a todos los integrante del CNMI:

"Lo que ellos dejen de recibir marcará el resto de su vida."

Y aquí viene lo importante

Que un Cardenal diga esto no debería sorprender a nadie. La Iglesia siempre ha defendido a la familia.

Lo verdaderamente significativo es quiénes más lo estamos diciendo, al mismo tiempo, desde lugares completamente distintos:

Las mujeres del CNMI — un movimiento por la igualdad real entre hombres y mujeres.

Los padres laicos, agnósticos, ateos, creyentes, de izquierda y de derecha, que marcharon el viernes.

La psicología del desarrollo infantil, que lleva décadas documentando el daño neurológico, emocional y social que sufre un niño privado de uno de sus progenitores.

El derecho internacional, a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 9 establece el derecho del menor a mantener relación con ambos padres.

Las abuelas que no abrazan a sus nietos. Las nuevas parejas estigmatizadas. Los hermanos separados.

Cuando una institución religiosa milenaria, un colectivo de mujeres por la igualdad, padres de toda extracción política, la ciencia y el derecho internacional dicen exactamente lo mismo, ya no estamos ante una opinión ideológica.

Estamos ante una verdad antropológica. Y sólo la indiferencia institucional se atreve a ignorarla.

Lo que el CNMI defiende —y lo que NO

Que quede claro, porque sabemos que habrá quienes intenten distorsionarlo:

El CNMI no defiende ideologías. El CNMI defiende a los niños y niñas de México.

No nos importa la profesión, la religión, la clase social, ni la postura política de los padres. Nos importa el hijo. Nos importa esa niña que llora porque hace meses no ve a su papá. Ese niño que crece con la mitad de su historia arrancada. Esa adolescente que carga el peso de un conflicto adulto que jamás debió ser suyo.

Defendemos al niño y a la niña. Punto.

Y defender al niño significa garantizar que NUNCA sea utilizado como arma, como moneda de cambio, como instrumento de venganza entre adultos. Significa que ninguna ley, ninguna fiscalía, ninguna jueza, ningún código penal puede arrebatarle el derecho fundamental de crecer con su padre y su madre —salvo en casos de violencia real, comprobada, documentada, no inventada por una falacia jurídica con sesgo de género.

El CNMI defiende la familia, defiende al niño, defiende la verdad. Sin agendas ocultas, sin ideologías importadas, sin causas ajenas. Sólo justicia para nuestros hijos e hijas.

La pregunta que nadie quiere responder

Si las mujeres por la igualdad lo decimos. Si los padres lo dicen. Si la ciencia lo dice. Si el derecho internacional lo dice. Si los propios niños y niñas lo dicen cuando se les pregunta. Si incluso la Iglesia lo confirma…

¿Por qué el Estado mexicano insiste en una legislación que criminaliza por default al padre y blinda a quien obstruye, sin importar la evidencia?

¿A qué intereses sirve sostener la falacia vicaria como política de Estado? ¿Por qué algunas autoridades sí abren la puerta y otras —como la gobernadora del Estado de México— ni siquiera bajan a recibir a las familias que les llevaron mariachi?

La respuesta es incómoda: no es ignorancia. Es voluntad política. Y la voluntad política se cambia con organización, con presencia, con verdad.

A las mujeres de México

Compañera: defender el derecho de un niño a tener a su papá NO te hace traidora a tu género. Te hace digna. Te hace justa. Te hace humana.

La igualdad real no se construye derribando a los hombres. Se construye caminando junto a ellos, exigiendo que las leyes traten igual a quien actúa igual, y que ningún niño —ninguno— sea privado de la mitad de su historia, de la mitad de su sangre, de la mitad de su amor.

A las autoridades de México

Las mujeres por la igualdad lo decimos. Los padres lo gritan en las calles. Los niños lo lloran en silencio. La ciencia lo demuestra. El derecho internacional lo ordena.

Ya no se puede fingir que no se sabe.

Es hora de reformar los códigos. De derogar la falacia vicaria. De garantizar la convivencia. De sancionar la obstrucción parental como lo que es: violencia contra la infancia.

Comparte este artículo. Etiqueta a tus autoridades. Hagamos ruido.

La igualdad o es para todas y todos, o no es igualdad.

Fuente: Cardenal tapatío afirma que padres tienen derecho de ver a sus hijos - El Occidental | Noticias Locales, Policiacas, sobre México, Guadalajara y el Mundo (https://oem.com.mx/eloccidental/local/cardenal-tapatio-afirma-que-padres-tienen-derecho-de-ver-a-sus-hijos-29686582)

#SoyPapáNoCriminal #FalaciaVicaria #IgualdadDeVerdad #CNMI #ColectivoNacionalDeMujeresPorLaIgualdad #DerechosDeLaInfancia

El cargo La verdad que ya nadie puede negar: los hijos necesitan a ambos progenitores apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.

¿Cuántos papás en México se fueron a dormir anoche sin haber escuchado la voz de sus hijos?

Un papá llegó un día a nuestra reunión con una caja de cartón. Adentro había carpetas, sentencias, fotos de sus hijos, recibos de pensiones pagadas puntualmente. Y una carta que nunca pudo entregarles.

Ese papá no era la excepción. Era uno de miles.

Cuatro años después, esa historia se convirtió en el Padrón Nacional del movimiento Soy Papá No Criminal, impulsado por el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad. Y lo que encontramos en él no tiene precedente en México.

1,423 familias registradas en los 32 estados de la República. Y eso es solo los que han llegado a nosotros. El padrón crece cada día.

Como crece un cáncer. Silencioso. Invisible. Que destruye desde adentro, que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde. Así está destruyendo México a sus familias — familia por familia, sentencia por sentencia, hijo por hijo.

Lo que el padrón revela

Lo que esas familias nos cuentan parte el alma. Esto no son estadísticas. Son cajas de cartón llenas de sentencias que nadie ejecuta. Son cartas que nunca llegaron.

343 padres tienen una sentencia judicial a su favor, firmada por un juez, y hoy no pueden ver a sus hijos.

233 denuncias falsas usadas para alejarlos.

112 medidas cautelares que llevan más de un año sin que ningún juez las haya revisado. Un año. Sin que nadie voltee a ver a esos niños.

8 casos donde un funcionario público pidió dinero a cambio de hacer su trabajo.

Y son niños que crecen creyendo que su papá no los quiso. Ese es el verdadero daño. El que no aparece en ningún expediente.

El viernes 24 de abril, marchamos

Marchamos en 32 estados de México y en 24 países del mundo. Porque un cáncer no se detiene solo. Se detiene cuando la sociedad decide que ya fue suficiente.

9:30 AM — Reunión previa y pase de lista 10:00 AM — Inicio nacional simultáneo

Y en cada ciudad vamos a colgar cartas de papás, de abuelos, de abuelas — para los hijos y nietos que no han podido abrazar. Si quieres participar, trae tu carta escrita a mano. Sin enojo. Solo lo que llevas en el corazón.

Si tú eres uno de ellos, o conoces a alguien que lo sea — regístrate. El padrón es nuestra evidencia. Es nuestra voz.

forms.gle/CaDGb2hWvkhav9HD7

Este viernes 24 de abril marchamos por nuestros hijos. Desde el amor. Siempre desde el amor.

— Dave Harris · Coordinador Nacional SPNC / CNMI

#SoyPapáNoCriminal #MarchaNacional24Abril #IgualdadParental #PorMisHijos #NiñosConMaPa #CustodiaCompartida #CodigoImparable

El cargo 1,423 familias al día de hoy. Un padrón que crece como un cáncer silencioso. apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.

Una mesa, tres historias, un país que empieza a escuchar

Esta semana, el periodista Luis Cárdenas abrió su espacio en MVS para una conversación que en México sigue siendo tabú: la de los padres a quienes el propio sistema de justicia les ha arrancado a sus hijos en nombre de una "perspectiva de género" mal entendida y peor aplicada.

Frente al micrófono se sentaron tres voces que hoy representan a miles de familias rotas en este país:

Víctor, un padre que pasó tres años sin ver a su hijo, acusado de una "violencia psicológica" que el propio Ministerio Público terminó ridiculizando al preguntar cómo podía amenazar a alguien "mientras dormía".

Dave Harris, Coordinador Nacional del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, que ejerció la guardia y custodia completa de su hija durante siete años — hasta que, de un día para otro, el Poder Judicial de Puebla se la arrancó bajo el pretexto de una supuesta "violencia vicaria" sin pruebas.

Alex Flores, académico e investigador que ha documentado —con rigor universitario— el sesgo estructural del marco jurídico mexicano en materia familiar.

Tres historias. Una misma pregunta de fondo: ¿desde cuándo amar a un hijo se volvió delito en México?

El origen del problema: un plagio con membrete jurídico

Como lo expuso Víctor con claridad quirúrgica durante la entrevista, la figura de la llamada "violencia vicaria" que hoy circula en las leyes estatales mexicanas no es una categoría con sustento científico propio. Es, en realidad, una falacia jurídica: un plagio de la "alienación parental" y la "obstrucción parental" — conceptos que existían desde hace décadas en la psicología forense y que se aplicaban de manera neutra al género de quien los ejerciera — disfrazados de delito nuevo y con sesgo de género.

La psicóloga Yasmín Montpellier, junto con las investigaciones impulsadas por el CNMI, el colectivo Lazos Protectores de la Familia encabezado por Malena Cruz, el trabajo de Saharet Mendoza Martínez y Patricia Castilleja, demostraron desde 2021-2022 que la construcción jurídica de la "violencia vicaria" en México se edificó sobre un sesgo de género explícito: se tipificó únicamente contra los hombres, se redactó unidireccionalmente, y se aplicó con estándares probatorios inferiores a los de cualquier otro delito en el ordenamiento mexicano.

El resultado: un marco legal que invisibiliza al niño como víctima real y lo convierte en "víctima indirecta" de mamá o papá. O como lo planteó Alex Flores en la entrevista con precisión jurídica: "Si al niño se le agrede, el que tiene que ir al médico es el niño. El que necesita atención psicológica es el niño. Pero si tú me dices que el niño es un accesorio de mamá o de papá, ¿dónde está el interés superior del menor? Porque no lo estamos viendo."

El círculo vicioso procesal: cuando el civil se rinde ante el penal

Uno de los puntos más contundentes de la mesa fue la exposición, por parte de Alex Flores, del mecanismo procesal mediante el cual se borra a un padre del mapa:

1⃣ El padre inicia un proceso civil (convivencia, custodia, pensión).

2⃣ La contraparte responde con una denuncia penal por "violencia vicaria".

3⃣ El Ministerio Público, bajo la figura del mínimo probatorio contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, otorga medidas de protección con el primer testimonio, sin judicialización previa.

4⃣ El juez familiar, para "no meterse en problemas", suspende el proceso civil hasta que se resuelva el penal.

5⃣ El proceso penal puede durar tres, cinco, ocho años.

6⃣ Durante ese tiempo: no hay convivencias, no hay vínculo, no hay infancia compartida.

Cuando al fin llega la sentencia absolutoria, porque la inmensa mayoría de estos procesos terminan sin acreditación, el daño ya está hecho. El hijo creció sin padre. El padre envejeció sin hijo. Y la sentencia, como describió Víctor con dolor, llega con una fórmula burocrática seca: "La parte actora no acreditó la acción intentada."

Punto final. Sin reparación. Sin sanción para quien denunció falsamente. Sin memoria institucional.

El caso de Dave Harris: Puebla como laboratorio de la injusticia institucional

Durante la entrevista, Dave hizo público algo que el CNMI viene denunciando desde hace años: Puebla se ha convertido en uno de los epicentros nacionales donde la falacia vicaria se está aplicando como herramienta institucional y procesal contra padres.

Dave ejerció la guardia y custodia completa de su hija durante siete años, desde que la propia jueza familiar se la otorgó tras acreditar que la integridad de la niña pudiera estar comprometida con la madre. Durante ese tiempo, llevó puntualmente a su hija a cada visita y convivencia supervisada. La madre, por el contrario, faltaba repetidamente a las convivencias — sin consecuencia institucional alguna.

En agosto de 2025 —ya con la nueva Ley Vicaria vigente en Puebla—, un día para el otro, el Poder Judicial del Estado le arrancó a su hija. Se la entregaron a la madre contra la cual existe una carpeta de investigación abierta desde hace ocho años por maltrato, sin respetar la presunción de inocencia del padre.

Como denunció públicamente Dave en el espacio con Luis Cárdenas: "Se abrió una red de corrupción tremenda tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía de Puebla. El propio gobernador Alejandro Armenta reconoció el año pasado que hay infiltración criminal en esas instituciones. Están mediatizando una supuesta labor de limpieza, pero los procesos siguen tardando lo mismo. Las fiscalías siguen aplicando las mismas técnicas. La situación no se está resolviendo."

Desde el CNMI hemos sido testigas directas de este patrón. Lo hemos documentado. Lo hemos llevado a instancias institucionales como el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y también a la CEEAVI Puebla con el licenciado Pedro Plaza Montaño, y ante cada ventanilla donde hemos podido ser escuchados.

Una pregunta incómoda que no podemos dejar de hacer

Y aquí, desde el CNMI, sumamos una pregunta que Dave también ha lanzado públicamente al Magistrado Pedro Antonio Martínez Hernández, nuevo presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla:

Si su compromiso con la anticorrupción es genuino —y queremos creer que lo es— entonces ¿cuándo le toca al Órgano Interno de Control?

Porque mientras el Órgano Interno de Control del propio Poder Judicial siga archivando las quejas ciudadanas contra jueces familiares sin investigarlas, las destituciones mediáticas y los cambios de adscripción son cosmética. No transformación.

Publique los números, magistrado: cuántas quejas recibió el OIC en los últimos cinco años, cuántas investigó, cuántas sancionó. Solo eso.

La respuesta — o el silencio — hablará por sí sola.

Por qué el CNMI marcha junto con los padres

A muchas nos preguntan: "¿Por qué un colectivo de mujeres por la igualdad defiende a los padres?"

La respuesta es simple, y está en nuestro nombre: porque la igualdad no tiene género.

Las mujeres que integramos el CNMI luchamos hace años contra la violencia de género real, sin buscar favoritismos o crear nuevas desigualdades. Y precisamente por eso sabemos reconocer cuándo una herramienta pensada para proteger se convierte en una herramienta para destruir.

La falacia vicaria, tal como está legislada hoy en México, no protege a nadie — y mucho menos al interés superior del menor. Criminaliza al padre varón por el simple hecho de ser hombre. Cosifica a los niños, niñas y adolescentes relegándolos a la categoría de "segundas víctimas" — meros instrumentos accesorios de un conflicto adulto — mientras sostiene la ficción de que únicamente la madre puede ser víctima primaria.

Es un fraude jurídico con membrete de protección. Y como todo fraude construido sobre un sesgo, termina destruyendo a padres inocentes, a hijos que pierden a uno de sus progenitores, y a familias enteras — sin proteger, en los hechos, a ninguna mujer víctima de violencia real.

Como expuso Alex Flores en la entrevista, citando el Estado del Arte sobre Estudios de Violencia de Pareja: "A nivel internacional, la violencia en las relaciones de pareja es bidireccional. En Estados Unidos, hay más hombres que reportan haber sido golpeados por su pareja mujer que al revés. El punto no es negar la violencia contra las mujeres. El punto es decir: esto también existe. Y si no hay delitos para que los hombres denuncien, si la obstrucción parental no es delito en la mayoría de los estados, ¿cómo pretendemos que denuncien?"

Marchar junto con los padres del colectivo Soy Papá No Criminal no es traicionar la causa feminista. Es llevarla a su consecuencia lógica: la igualdad real ante la ley. La que no tiene sexo, ni cuota política, ni cálculo electoral.

El 24 de abril marchamos

El Día Internacional contra el Maltrato Infantil (25 de abril) es el marco que desde hace años reúne a organizaciones como el CNMI, Niños con Mapa, Ex Hijos, Defensa del Interés Superior del Menor, y ahora el movimiento internacional Soy Papá No Criminal.

Este año marchamos de manera simultánea en los 32 estados de la República y en múltiples países del mundo.

En Puebla, San Luis Potosí Capital y Ciudad Valles, el CNMI estará presente junto con SPNC coordinando las movilizaciones locales.

Pliego petitorio que llevaremos:

1⃣ Un delito homólogo al de violencia vicaria, redactado con perspectiva de interés superior del menor y aplicable sin distinción de género. La Suprema Corte ya se pronunció: la violencia vicaria en su forma actual es exclusivamente contra mujeres. No discutimos eso. Discutimos que los niños necesitan protección cuando cualquiera de sus progenitores los instrumentaliza — mamá o papá. El nombre del delito es lo de menos. Lo que importa es la herramienta.

2⃣ Inclusión de estadísticas oficiales sobre violencia familiar hacia varones. Hoy, ni INEGI ni ninguna otra instancia recaba estos datos. Son un hueco estadístico que vuelve invisible a miles de hombres víctimas.

3⃣ Mesas de trabajo institucionales con las autoridades responsables. Que dejen de esquivar el diálogo.

4⃣ Auditoría a los Órganos Internos de Control de los Poderes Judiciales estatales — empezando por Puebla.

5⃣ Aplicación estricta de la presunción de inocencia en procesos civiles y familiares, sin suspensión automática de convivencias paternales por el solo hecho de una denuncia.

El tendedero de amor: cartas que prueban lo que las leyes niegan

Una de las dinámicas más emotivas de nuestras marchas — y que este año repetiremos con mayor fuerza — es el tendedero de amor.

El año pasado se recolectaron más de 150 cartas escritas por padres a hijos que no pueden ver. Este año esperamos muchas más.

Como dijo Alex Flores al cierre de la entrevista: "Tú ves esos tendederos y ves puro amor. Y la instrucción es clara: aquí nadie viene a hablar mal de su ex esposa. Aquí solo se escribe: ¿qué le dirías a tu hijo que no has podido ver? Y es tanto amor, tanta gana, tanta lucha, tanta persistencia, que uno se da cuenta de que esto no es contra las mamás. Es por los hijos."

Si estás leyendo esto y eres un padre borrado…

No estás solo.

Somos más de 1,300 familias inscritas en el Registro Nacional de Soy Papá No Criminal — y sumando cada día — con presencia en los 32 estados del país.

Somos el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad marchando a tu lado.

Somos Niños con Mapa. Somos Ex Hijos. Somos Defensa del Interés Superior del Menor. Somos Lazos Protectores de la Familia.

Somos un ejército que no marcha con rabia, sino con fe.

Contáctanos. Súmate. Marcha. El 24 de abril los 32 estados tienen que estar presentes.

Agradecimientos

Desde el CNMI agradecemos a Luis Cárdenas por abrir su espacio en MVS con respeto, rigor y escucha real. En un panorama mediático donde la mayoría de los comunicadores prefieren no tocar este tema por miedo al linchamiento, Luis nos demostró que el periodismo libre sigue existiendo en México.

También a Víctor, a Alex Flores, y a Dave Harris por exponer sus historias con valentía ante el micrófono abierto.

Y sobre todo, gracias a cada madre, cada padre, cada hijo adulto, cada abuelo y cada abuela que todos los días nos escriben para decirnos: "No están solos. Nosotros también estamos luchando."

Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad (CNMI) Presencia en los 32 estados de la República En alianza con Soy Papá No Criminal, Niños con Mapa, Ex Hijos, Defensa del Interés Superior del Menor y Lazos Protectores de la Familia.

El cargo "Soy papá, no criminal": la entrevista en MVS que México necesitaba escuchar hace años apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.

COLECTIVO NACIONAL DE MUJERES POR LA IGUALDAD · ANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO · ABRIL 2026

Hay una fotografía que ningún expediente judicial captura: la de un niño que deja de ir a la escuela durante meses porque dos adultos, un sistema y una narrativa no llegaron a tiempo para protegerlo. No hay casilla para eso en los formularios. No hay protocolo que lo nombre. Y sin embargo, ocurre. Ocurre en Puebla, en Monterrey, en Guadalajara, en cada rincón de un país donde el debate sobre justicia familiar sigue atrapado en una falsa disyuntiva.

Esa disyuntiva sostiene que hablar de irregularidades procesales equivale a negar la violencia de género. Que documentar omisiones del Ministerio Público es traicionar a las víctimas. Que organizarse para exigir acceso institucional es, de algún modo, un acto de agresión. El Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad —organización que reúne a más de 1,200 familias en los 32 estados del país bajo el movimiento #SoyPapáNoCriminal— ha decidido que esa narrativa merece, por fin, una respuesta articulada.

Y lo notable no es solo lo que dicen. Es quiénes lo dicen...

Una distinción que el sistema prefiere ignorar

En derecho, la diferencia entre la validez de una norma y su aplicación concreta no es un tecnicismo menor: es la base de todo el edificio de garantías procesales. Un tipo penal puede ser legítimo, necesario e incluso insuficiente, y al mismo tiempo ser susceptible de uso abusivo en un caso específico. Reconocer lo segundo no invalida lo primero. Esa distinción, elemental en cualquier facultad de derecho, se vuelve políticamente explosiva cuando el tipo penal involucra violencia de género.

El colectivo no niega que esa violencia existe. Lo dice con claridad inhabitual en este debate: el Estado tiene la obligación de combatirla con todos los instrumentos a su alcance. Lo que también afirman —con igual firmeza— es que la presunción de inocencia consagrada en el artículo 20 de la Constitución no tiene cláusula de excepción por género. Que el artículo 17 constitucional garantiza el acceso a la justicia para toda persona. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8 y 24, establece garantías judiciales y protección igualitaria que México no puede suspender por categoría de persona. Ninguna reforma interna puede derogar esos compromisos internacionales.. Que la Ley General de Víctimas define víctima sin distinción de género en su artículo 4.

Estas no son afirmaciones ideológicas. Son disposiciones vigentes que coexisten, sin contradicción, con toda la normativa de protección a mujeres víctimas de violencia.

MARCO JURÍDICO APLICABLE La Constitución Política (Art. 20-B-I) garantiza la presunción de inocencia a toda persona imputada. La Ley General de Víctimas define víctima sin distinción de género (Art. 4 LGV). El principio de igualdad y no discriminación (Art. 1 CPEUM) prohíbe negar acceso a derechos institucionales por razón de género. Ninguna de estas disposiciones es incompatible con la protección de las mujeres víctimas de violencia — todas coexisten en el mismo sistema jurídico.

Lo que hay detrás de los expedientes

Los casos que documenta el colectivo no son abstracciones. Son situaciones concretas: evidencia telefónica que hubiera demostrado la imposibilidad física de los hechos imputados y que el Ministerio Público nunca recabó. Resoluciones que aplican tipos penales a conductas anteriores a su entrada en vigor. Padres que enfrentan hasta cuatro causas simultáneas con cargos que se contradicen entre sí. Menores que permanecen meses fuera del sistema escolar por decisiones unilaterales de uno de los progenitores, sin que el juzgado familiar actúe de oficio.

Señalar estas fallas no es un argumento contra las mujeres. Es un argumento contra la impunidad institucional y la negligencia en la investigación — fallas que, cuando son sistemáticas, afectan a todos los usuarios del sistema, sin importar su género.

La corrupción judicial no tiene género preferido como víctima. Sí parece tenerlo, en algunos contextos, como beneficiaria.

"La legitimidad de una ley no inmuniza su aplicación contra el abuso. Precisamente por eso existen los tribunales."

El derecho a organizarse no debería ser controversial

Uno de los argumentos que el colectivo refuta con más precisión es el que sugiere que la simple organización colectiva de padres inmersos en litigios familiares constituye, por sí misma, una forma de violencia o presión. La implicación lógica de esa postura es que los artículos 8 y 9 de la Constitución —el derecho de petición y el de libre asociación— estarían condicionados a que quien los ejerce no sea parte en ningún proceso judicial. Esa interpretación no tiene sustento en ninguna fuente de derecho mexicano ni internacional.

Lo que sí tiene sustento es lo que el colectivo pide: que la presunción de inocencia funcione en ambas direcciones. Que las omisiones del Ministerio Público sean investigadas con igual diligencia sin importar quién las sufre. Que un padre separado de su hijo durante años por un proceso lleno de irregularidades tenga acceso a las mismas instituciones que cualquier otra persona que enfrenta al Estado.

Eso no es misoginia. Es la definición básica de igualdad ante la ley.

Por qué importa para todos

México lleva años construyendo arquitectura institucional para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Ese esfuerzo merece ser completado, no traicionado. Y se traiciona precisamente cuando el sistema deja grietas donde la corrupción opera sin consecuencias, donde la evidencia se ignora sin rendición de cuentas, donde los menores quedan atrapados en disputas sin que nadie actúe de oficio. Un sistema con esas grietas no protege genuinamente a nadie — ni a quienes fue diseñado para proteger.

La fortaleza de un sistema de garantías no se mide por a quién protege en teoría, sino por a quién le falla en la práctica. Y cuando le falla a miles de familias de forma sistemática, ese fracaso merece ser nombrado con precisión, sin miedo y sin agenda de parte.

El Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad lo sabe. Por eso busca el debate en mesas institucionales, en organismos de derechos humanos, en foros donde la discusión pueda ser rigurosa. No piden impunidad ni desprotección para nadie. Sí cuestionan, en cambio, que cualquier ley sea diseñada o aplicada de modo que la titularidad de derechos dependa del género del solicitante.

Una ley justa no necesita excluir a nadie para proteger a alguien.

Piden que las normas sean universales en su aplicación, rigurosas en su cumplimiento, y equitativas en su diseño — para todos.

"Más de 1,200 familias no se organizaron para atacar a nadie. Se organizaron porque estaban solos frente a un sistema que los criminalizaba sin pruebas. Eso también merece una respuesta institucional."

Porque un sistema que protege a todos, protege mejor a cada uno.

Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad · #SoyPapáNoCriminal · Puebla, México · Abril 2026

#SoyPapáNoCriminal #DerechosDeLosPadres #JusticiaReal #CNMI #AccesoALaJusticia #PresunciónDeInocencia

El cargo Cuando defender a un padre no significa atacar a una mujer: la distinción que México necesita aprender apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.