Casi mil días sin una sola prueba nueva: el reloj que México olvidó detener

Un ciudadano británico cumple hoy 997 días en prisión preventiva en la Ciudad de México sin sentencia. La Constitución fija un límite de dos años. Ese límite venció hace 267 días. En casi tres años, la investigación en su contra no ha sumado una sola prueba que no existiera el primer día.

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Hace casi quinientos años, una mujer pasó alrededor de mil días como reina de Inglaterra antes de subir al cadalso de la Torre de Londres. La historia la recuerda como Anne of a Thousand Days —Ana de los mil días—. Enrique VIII la hizo ejecutar el 19 de mayo de 1536, acusada de adulterio y de traición. La acusación nunca se sostuvo: fue, como han documentado los historiadores, una construcción de la corte. Once días después de la ejecución, el rey se casó con Jane Seymour, la mujer por la que había decidido deshacerse de su esposa mucho antes de inventarle un delito. El crimen no fue de Ana. El crimen fue el deseo de un poderoso de quedarse con alguien más.

A casi quinientos años de distancia, en la Ciudad de México, otro súbdito británico se acerca a su propio número redondo. Hoy, 20 de mayo de 2026 —por una coincidencia que cuesta no advertir, casi el mismo día del calendario en que cayó la cabeza de Ana Bolena—, Morris Roy Lester cumple 997 días privado de la libertad sin que un solo juez haya dictado sentencia. En tres días alcanzará los mil.

La inversión de la metáfora es exacta. A Ana de los mil días la condenó el deseo de un poderoso de quedarse con otra persona. A Morris —según la evidencia que su defensa ha presentado y que ningún tribunal ha logrado desmentir en tres años— lo encarceló el deseo de alguien de quitárselo todo: sus hijos, su libertad, su nombre. La metáfora se voltea como un guante. El mecanismo es idéntico: una acusación que el tiempo no ha podido convertir en prueba, sostenida no por la evidencia sino por la inercia del poder.

El número que la Constitución prohíbe

Empecemos por lo que no admite interpretación, porque es la columna vertebral de esta historia y no depende de la versión de nadie: está escrito en la Constitución.

El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que la prisión preventiva "en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado". Y no deja la consecuencia a la imaginación: si cumplido ese plazo no se ha dictado sentencia, "el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso".

Hagamos la aritmética que el sistema no ha querido hacer.

Dos años son 730 días.

Morris Roy Lester lleva 997.

La diferencia es de 267 días. Casi nueve meses. Treinta y ocho semanas. Más tiempo del que dura un embarazo. Más de la cuarta parte de todo su encarcelamiento ha transcurrido ya después del plazo que la Constitución señala como límite absoluto. No se trata de un margen, de un retraso administrativo, de una semana de papeleo: es la distancia entre lo que la ley suprema del país ordena y lo que un tribunal ha permitido que ocurra, día tras día, durante casi nueve meses.

¿Existe una salida legal para prolongar la prisión más allá de los dos años? La hay, pero es estrecha, y aquí es donde el caso se desploma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2022 que ese plazo puede revisarse caso por caso —pero únicamente cuando exista causa justificada y, de manera decisiva, cuando la demora no sea atribuible a la propia autoridad. La Corte fue explícita: si el Ministerio Público no acredita la necesidad de prolongar la medida, la prisión preventiva debe cesar. No es una recomendación. Es jurisprudencia obligatoria.

La pregunta, entonces, se vuelve simple y demoledora: ¿acreditó la fiscalía esa necesidad? ¿Es la demora atribuible a la defensa, o a la autoridad?

El silencio de la investigación

La respuesta está en el propio expediente, y es el hecho más contundente de todo el caso, porque no es una opinión ni una versión: es lo que consta en las transcripciones de las audiencias.

En casi tres años de proceso, la investigación en contra de Morris Roy Lester no ha producido una sola prueba nueva. El propio juzgador llegó a constatar que los medios de prueba que llevarían el caso a juicio eran exactamente los mismos que existían el día de la vinculación: ni uno más, ni uno menos. En octubre de 2023, ante la pregunta directa del juez sobre qué actos de investigación había realizado el Ministerio Público en el transcurso de un mes, la respuesta fue, en esencia, ninguno. Datos de geolocalización telefónica que pudieron ser decisivos se perdieron por inacción de la propia fiscalía. Diligencias elementales se solicitaron al final, no al principio.

Detengámonos en el peso de esto. La única vía legal para mantener preso a alguien más de dos años exige que la autoridad demuestre que la demora no es culpa suya. En este caso, la autoridad reconoció ante un juez que pasó un mes sin actuar, perdió evidencia por su propia negligencia, y no agregó al expediente nada que no estuviera ahí desde el principio. La demora no solo es atribuible a la autoridad: está documentada de su puño y letra en las actas. Bajo el propio criterio de la Suprema Corte, esto no es un caso límite. Es exactamente el supuesto en el que la prisión preventiva debía haber cesado.

Y, sin embargo, el reloj siguió corriendo. Sobre un hombre.

La acusación que el tiempo no logró probar

Morris Roy Lester, originario de Saltcoats, North Ayrshire, en Escocia, está acusado de un delito de la máxima gravedad: la tentativa de feminicidio de su exesposa, presuntamente cometida el 24 de octubre de 2022 en un consultorio de la Ciudad de México. Por su gravedad, esa imputación activa de forma automática la prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional. Y, por su gravedad precisamente, es la clase de acusación que debería resistir el escrutinio más riguroso de la evidencia. Tres años después, no lo ha resistido, porque nadie lo ha sometido a ese escrutinio.

La defensa ha construido una coartada que no descansa en la palabra de nadie, sino en datos verificables. El historial de geolocalización de la cuenta de Google del acusado lo ubica, minuto a minuto durante toda la jornada del 24 de octubre, en Cuernavaca, Morelos —a unos 85 kilómetros del lugar del supuesto ataque— sin un solo registro en la capital. Mensajes con marcas de tiempo lo sitúan conversando desde esa misma ciudad a la hora exacta en que, según la denuncia, estaría estrangulando a una persona a 85 kilómetros de distancia. Un perito médico legista que revisó el certificado de lesiones original concluyó que las marcas descritas no eran compatibles con un estrangulamiento manual. Dos testigos independientes lo ubican en su domicilio.

Es necesario el rigor: nada de esto es una sentencia, y no corresponde a un periodista —sino a un tribunal— resolver el valor de esa prueba. Pero ahí está, otra vez, el corazón del asunto. Tres años después, ningún tribunal la ha resuelto. A la persona que dice tener datos de su inocencia no se le ha dado un juicio donde demostrarlos; se le ha dado una celda donde esperarlos. La presunción de inocencia, que la Constitución garantiza, se ha invertido en los hechos: Morris no está preso hasta que se pruebe su culpabilidad, está preso en lugar de que se pruebe.

Sobre quien presentó la acusación, el rigor obliga a la misma cautela y a la misma firmeza. Lo objetivo, lo que consta en el expediente y en procesos familiares paralelos en el estado de Morelos, es esto: existe un patrón documentado de denuncias previas contra el acusado que no fueron confirmadas por ninguna autoridad, y cuyo calendario coincide con momentos de disputa por la custodia de los dos hijos de la pareja. Un juez de lo familiar en Morelos llegó a advertir, según esos registros, sobre la presentación de acusaciones sin sustento. No corresponde a esta narración nombrar a la denunciante como autora de un delito que ningún juez ha declarado, ni atribuirle intenciones. Corresponde, sí, exponer el patrón —porque está documentado— y la pregunta que de él se desprende: ¿cómo es posible que una acusación que tardó casi tres meses en presentarse ante la autoridad, y que se inscribe en un patrón de denuncias no confirmadas, haya bastado para mantener a un hombre encarcelado casi tres años, mientras la investigación que debía sostenerla no avanzaba un solo paso?

El doble rasero que la propia presidente puso sobre la mesa

Aquí la historia deja de ser la de un solo hombre y se vuelve la de un principio que el Estado mexicano proclama y, en este caso, incumple.

En las últimas semanas, la mandataria presidencial de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido con energía un principio elemental del Estado de derecho. Ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, la mandataria fijó una postura nítida y, en sí misma, irreprochable. Sostuvo que ningún ciudadano mexicano —sin importar su filiación política, sea o no funcionario público— debe enfrentar un juicio sin que existan pruebas para acusarlo. Resumió su posición en tres palabras: verdad, justicia y defensa de la soberanía. Y a quienes enumeraban sus opciones frente al caso, les respondió que olvidaban la más importante: pedir pruebas.

La doctrina es impecable. La presunción de inocencia, el debido proceso, la exigencia de pruebas contundentes antes de privar a alguien de su libertad: ninguno de esos principios debería depender de quién es el acusado, de su nacionalidad o de su utilidad política.

Pero esa misma exigencia ya ha sido señalada públicamente por su selectividad —y no por la defensa de Morris, sino por una de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas del continente. La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), a través de su directora para México, Stephanie Brewer, planteó la contradicción sin rodeos: se exigen pruebas contundentes para proteger a un gobernador, mientras se mantiene a decenas de miles de personas en prisión preventiva oficiosa vulnerando su debido proceso. Brewer formuló la pregunta que ningún funcionario ha respondido: ¿dónde está ese debido proceso y esa presunción de inocencia para las decenas de miles de mexicanos en prisión preventiva?

A esa pregunta, hoy, se le puede poner un rostro, un nombre y un número. ¿Dónde está la exigencia de "pruebas contundentes" para Morris Roy Lester, 997 días después? ¿Por qué el principio que se invoca para proteger a un gobernador con licencia no alcanza a un padre extranjero contra el cual la propia fiscalía reconoció no haber sumado una sola prueba en tres años? La presidenta tiene toda la razón cuando dice que un ciudadano no puede ser acusado sin pruebas. El caso Lester es la demostración, dentro de las propias fronteras de México, de que ese principio todavía no se aplica a todos por igual. La vara con que se mide a un poderoso y la vara con que se mide a un extranjero sin influencia no son la misma. Y un principio que solo protege a quien conviene proteger no es un principio: es un privilegio.

El costo que no aparece en el expediente

Detrás del número hay una familia desmontada pieza por pieza. Dos hijos que han crecido casi mil días sin su padre —días que no se devuelven, cumpleaños que no se repiten, una infancia que avanza sin esperar a que un tribunal decida. Una vida profesional interrumpida. Y un país de origen, el Reino Unido, cuya notificación consular —según la defensa— nunca se realizó en debida forma, en aparente contravención de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de modo que ni siquiera se activó la protección mínima que el derecho internacional reconoce a cualquier extranjero detenido.

Cada uno de esos 997 días tiene un costo que ningún tribunal computará jamás, porque el daño de la prisión preventiva injusta pertenece a esa categoría de agravios que no se reparan: solo se acumulan. Un hombre eventualmente absuelto no recupera los años; el Estado, en el mejor de los casos, le ofrece una disculpa por un tiempo que ya no existe.

Mahatma Gandhi, que conoció las cárceles y la paciencia, dejó escrita una idea que parece hecha para este momento: a lo largo de la historia, dijo, el camino de la verdad siempre ha terminado por vencer. Ha habido tiranos y han parecido invencibles por un tiempo, pero al final siempre caen. El tiempo, que en este caso ha jugado tantos meses del lado de la injusticia, es también el que la delata. Cada día adicional que el caso Lester permanece sin sentencia no fortalece a la acusación: la desnuda. Convierte el silencio de la investigación en su confesión más elocuente.

Ana Bolena no vivió para ver caer a quienes la condenaron. Pero la historia sí terminó cayendo del lado de la verdad: su hija, Isabel I, reinó cuarenta y cinco años, y hoy la memoria recuerda a Ana no como la adúltera que inventó la corte, sino como lo que fue —la víctima de un poder que confundió su propio deseo con la justicia.

Morris Roy Lester todavía está a tiempo. Le faltan tres días para los mil. Y la pregunta que México debe responder antes de ese número no es una pregunta de la defensa ni de un periodista: es, palabra por palabra, la que su propia presidenta ha exigido para otros. ¿Dónde están las pruebas?

Si las hay, que se presenten y que haya juicio. Si no las hay —y la propia fiscalía ha reconocido ante un juez que en tres años no sumó ninguna—, entonces la Constitución ya escribió la respuesta hace mucho. Dos años. Setecientos treinta días. Ese plazo venció hace 267 días.

El reloj corre desde hace 997 días. Alguien, en algún lugar del sistema, tiene la obligación legal de detenerlo. La pregunta no es si la ley lo ordena —la ley ya lo ordenó. La pregunta es cuántos días más tardará México en obedecer su propia Constitución.

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Esta narración se sustenta en el marco constitucional mexicano vigente (artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los límites de la prisión preventiva, en declaraciones públicas de la presidenta de México y de la organización Washington Office on Latin America (WOLA) recogidas por la prensa nacional, y en las transcripciones oficiales de las audiencias del proceso. No prejuzga la culpabilidad o la inocencia de ninguna de las partes ni atribuye delitos no declarados por una autoridad. Expone una cuestión de derecho público —el cumplimiento de los plazos constitucionales de la prisión preventiva— cuya resolución corresponde a las autoridades competentes conforme a derecho.

Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad