Díaz Ordaz tenía sus Olimpiadas; Lemus tiene su Mundial - 1968 y 2026, cuando el manifestante estorba a la fotografía
admin123Comunicado del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad (CNMI)
El pasado martes 26 de mayo, integrantes del frente Soy Papá, No Criminal, del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, nos manifestamos pacíficamente en Guadalajara para visibilizar los efectos de la aplicación de la llamada Ley Vicaria sobre padres, hijas e hijos. La jornada terminó con la intervención de la Policía del Estado de Jalisco frente a Casa Jalisco. Este es nuestro recuento de lo sucedido y nuestra postura, expuestos con el mayor apego a los hechos posible.
Qué ocurrió
Nuestro contingente, integrado por padres, madres y familias de distintos estados del país, se concentró ese día frente a la Glorieta Minerva y posteriormente frente a Casa Jalisco, sede del Ejecutivo estatal. Nuestra intención era permanecer pacíficamente a las afueras del inmueble, incluso durante la noche, como forma legítima de protesta amparada por el artículo 9° constitucional.
Cuando colocábamos los insumos para pernoctar, elementos de la Policía del Estado intervinieron para retirarlos. En el forcejeo que siguió —descrito por la prensa local como una "trifulca"— el propio gobernador, Pablo Lemus Navarro (Movimiento Ciudadano), reconoció públicamente que hubo empujones, aunque defendió la actuación de sus elementos como apegada a protocolo y sostuvo que respondía a una orden judicial.
Como Colectivo, denunciamos además dos hechos que vivimos directamente y que documentamos: una persona de nuestro contingente fue detenida y liberada pocas horas después, y un menor de edad resultó lesionado durante la intervención. Estamos en proceso de reunir y resguardar la evidencia correspondiente, y la pondremos a disposición de las autoridades competentes y de la opinión pública.
La respuesta del gobierno
La reacción del gobernador no se limitó al operativo. Lemus rechazó abiertamente la movilización —"no estoy de acuerdo con esta marcha", declaró— y anunció que había instruido revisar los perfiles de los participantes para identificar a presuntos deudores alimentarios; al día siguiente afirmó que entre los asistentes había cuatro. También sostuvo que el organizador de la protesta sería buscado por presuntamente haber sustraído a sus hijos.
Sobre este último punto debemos ser claros y precisos, porque es donde la versión oficial se aparta de la verdad: las coordinadoras de esta movilización provienen de la Ciudad de México y no pesa sobre ellas orden de aprehensión alguna. Atribuir la convocatoria a una persona "buscada por la justicia" es, a nuestro juicio, un recurso para desacreditar a la protesta y desviar la atención de su contenido.
Esto último es lo que más nos preocupa, y lo decimos sin rodeos: la respuesta de un gobierno a una protesta no debería ser exhibir o anunciar la revisión de los antecedentes personales de quienes se manifiestan. Hacerlo convierte el ejercicio de un derecho en motivo de sospecha, y traslada el debate del reclamo —la aplicación de una ley— hacia la supuesta indignidad de quien reclama.
El debate de fondo
Como Colectivo, no compartimos el concepto de "violencia vicaria" tal como se ha incorporado al discurso público y a la norma. Sostenemos que, en la práctica, opera como una reformulación de la llamada alienación parental: un mecanismo que, bajo el lenguaje de la protección, termina por excluir a uno de los progenitores del vínculo con sus hijas e hijos y por colocarlo, sin juicio previo, en la posición de criminal. Nuestra crítica no niega que existan mujeres víctimas de violencia —las hay, y merecen protección real y efectiva—; lo que cuestionamos es que una figura aplicada sin presunción de inocencia ni debido proceso se convierta en herramienta para apartar a un padre de sus hijos por la sola acusación. La protección a las víctimas de violencia y la garantía de un proceso justo no se excluyen: exigir la segunda no es negar la primera.
Distinguir estas dos discusiones importa incluso para quien no comparte nuestra postura de fondo. Una cosa es debatir si tenemos razón sobre la figura de la violencia vicaria; otra muy distinta es si un gobierno puede responder a una protesta con la fuerza pública y con la exhibición de los antecedentes de quienes se manifiestan. En lo primero cabe el desacuerdo legítimo; en lo segundo, creemos, no debería haberlo.
Un reflejo que México ya conoce
Que el desalojo ocurriera el mismo día en que el gobierno presumía estar "listo para el Mundial" no es, para nosotros, un detalle menor. México ya vivió, en su historia reciente, lo que significa que un gobierno anteponga la imagen ante el mundo al derecho de su gente a manifestarse.
En 1968, ante la proximidad de los Juegos Olímpicos que se inaugurarían el 12 de octubre, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz interpretó al movimiento estudiantil como una conjura destinada a sabotear la imagen del país, y el 2 de octubre —diez días antes de la inauguración— el Estado reprimió la concentración de la Plaza de las Tres Culturas. La cifra oficial habló de treinta muertos; investigaciones posteriores citadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estiman que pudieron ser cientos. Fue la expresión más brutal de una idea: que la protesta que incomoda al poder, en vísperas de un acontecimiento internacional, debe ser silenciada antes que escuchada.
Queremos ser muy claros, porque la honestidad es parte de nuestra causa: lo ocurrido frente a Casa Jalisco —un forcejeo, un detenido liberado horas después, un menor lesionado— no es Tlatelolco, y sería indigno de la memoria de aquellas víctimas pretender que lo fuera. La escala es incomparable y no la equiparamos.
Lo que sí permanece, a casi seis décadas de distancia, es el reflejo de la autoridad. En 1968, el manifestante fue presentado como un supuesto "agente del comunismo internacional" empeñado en empañar las Olimpiadas. En 2026, el manifestante es presentado por el gobernador Lemus como un supuesto "deudor alimentario" o como un "macho alfa". Cambia el nombre del estigma; se conserva la gramática del poder: en lugar de responder al reclamo, se descalifica a quien lo levanta, y se hace justo cuando el país enciende los reflectores para recibir al mundo. Entonces fue el ejército contra los estudiantes; hoy es la policía estatal retirando a empujones a familias que pedían ser escuchadas. La distancia entre ambos hechos es enorme; la lógica que los une debería preocuparnos a todos.
Nombramos a Díaz Ordaz no para igualar tragedias, sino para recordar adónde conduce, en su forma extrema, la decisión de tratar a la protesta como un estorbo para la fotografía. La lección de 1968 no es solo sobre la magnitud del horror: es sobre el reflejo que lo hizo posible. Y ese reflejo, en su forma menor, lo vimos operar el 26 de mayo.
No somos, además, el primer colectivo en denunciar la mano dura de este gobierno frente a la inconformidad. En febrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Atequiza denunciaron un operativo en el que, según su testimonio, policías estatales ingresaron a su plantel, usaron armas de fuego y retuvieron temporalmente a 36 alumnos. Lo señalamos no para apropiarnos de su causa, que es distinta de la nuestra, sino porque la forma de responder a quien protesta parece repetirse.
Lo que pedimos
Como Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, exigimos:
- Una investigación imparcial sobre la actuación policial del 26 de mayo, en particular sobre las lesiones a un menor de edad.
- Que el gobierno de Jalisco se abstenga de revisar y exhibir públicamente los antecedentes personales de quienes ejercen su derecho a la protesta.
- Que se rectifique la versión oficial que vincula la convocatoria con una persona "buscada por la justicia", por ser contraria a los hechos.
- Mesas de diálogo que atiendan el contenido de nuestro reclamo, en lugar de descalificar a quien lo formula.
Seguiremos manifestándonos de manera pacífica, porque el derecho a hacerlo es anterior a cualquier autoridad y no se nos concede: se ejerce.
Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad Soy Papá, No Criminal
Este comunicado expresa la postura del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad. Las declaraciones del gobierno de Jalisco aquí citadas fueron recogidas por medios locales; los hechos relativos a la detención y a las lesiones de un menor corresponden a la denuncia del propio Colectivo y se encuentran en proceso de documentación.
Referencias
Bobadilla, R. (2026, 26 de mayo). Tras trifulca en Casa Jalisco, Pablo Lemus envía un mensaje a los "machos alfa": revisará perfiles de deudores alimentarios. El Informador. https://www.informador.mx/jalisco/tras-trifulca-en-casa-jalisco-pablo-lemus-envia-un-mensaje-a-los-machos-alfa-revisara-perfiles-de-deudores-alimentarios-20260526-0194.html
Hernández, M. (2026, 26 de mayo). Mundial 2026: Obras para están listas, afirma el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. El Informador. https://www.informador.mx/jalisco/mundial-2026-obras-para-estan-listas-afirma-el-gobernador-de-jalisco-pablo-lemus-20260526-0167.html
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. (s. f.). Movimiento estudiantil de 1968. https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Movimiento_Estudiantil_1968
La Jornada. (2026, 9 de febrero). Normalistas de Atequiza denuncian política de represión del gobierno de Pablo Lemus. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/09/estados/normalistas-de-atequiza-denuncian-politica-de-represion-del-gobierno-de-pablo-lemus
Mural. (2026, 27 de mayo). Había 4 deudores alimentarios en marcha.- Lemus. https://www.mural.com.mx/habia-4-deudores-alimentarios-en-marcha-lemus/ar3211640
Notisistema. (2026, 26 de mayo). Lemus rechaza marcha contra Ley Vicaria y anuncia revisión de perfiles de manifestantes. https://www.notisistema.com/noticias/lemus-rechaza-marcha-contra-ley-vicaria-y-anuncia-revision-de-perfiles-de-manifestantes/
UDG TV. (2026, 27 de mayo). Pablo Lemus no atenderá deudores alimentarios en Jalisco. https://udgtv.com/noticias/pablo-lemus-no-atendera-deudores-alimentarios-en-jalisco/318369
