El pasado martes 26 de mayo, integrantes del frente Soy Papá, No Criminal, del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, nos manifestamos pacíficamente en Guadalajara para visibilizar los efectos de la aplicación de la llamada Ley Vicaria sobre padres, hijas e hijos. La jornada terminó con la intervención de la Policía del Estado de Jalisco frente a Casa Jalisco. Este es nuestro recuento de lo sucedido y nuestra postura, expuestos con el mayor apego a los hechos posible.

Qué ocurrió

Nuestro contingente, integrado por padres, madres y familias de distintos estados del país, se concentró ese día frente a la Glorieta Minerva y posteriormente frente a Casa Jalisco, sede del Ejecutivo estatal. Nuestra intención era permanecer pacíficamente a las afueras del inmueble, incluso durante la noche, como forma legítima de protesta amparada por el artículo 9° constitucional.

Cuando colocábamos los insumos para pernoctar, elementos de la Policía del Estado intervinieron para retirarlos. En el forcejeo que siguió —descrito por la prensa local como una "trifulca"— el propio gobernador, Pablo Lemus Navarro (Movimiento Ciudadano), reconoció públicamente que hubo empujones, aunque defendió la actuación de sus elementos como apegada a protocolo y sostuvo que respondía a una orden judicial.

Como Colectivo, denunciamos además dos hechos que vivimos directamente y que documentamos: una persona de nuestro contingente fue detenida y liberada pocas horas después, y un menor de edad resultó lesionado durante la intervención. Estamos en proceso de reunir y resguardar la evidencia correspondiente, y la pondremos a disposición de las autoridades competentes y de la opinión pública.

La respuesta del gobierno

La reacción del gobernador no se limitó al operativo. Lemus rechazó abiertamente la movilización —"no estoy de acuerdo con esta marcha", declaró— y anunció que había instruido revisar los perfiles de los participantes para identificar a presuntos deudores alimentarios; al día siguiente afirmó que entre los asistentes había cuatro. También sostuvo que el organizador de la protesta sería buscado por presuntamente haber sustraído a sus hijos.

Sobre este último punto debemos ser claros y precisos, porque es donde la versión oficial se aparta de la verdad: las coordinadoras de esta movilización provienen de la Ciudad de México y no pesa sobre ellas orden de aprehensión alguna. Atribuir la convocatoria a una persona "buscada por la justicia" es, a nuestro juicio, un recurso para desacreditar a la protesta y desviar la atención de su contenido.

Esto último es lo que más nos preocupa, y lo decimos sin rodeos: la respuesta de un gobierno a una protesta no debería ser exhibir o anunciar la revisión de los antecedentes personales de quienes se manifiestan. Hacerlo convierte el ejercicio de un derecho en motivo de sospecha, y traslada el debate del reclamo —la aplicación de una ley— hacia la supuesta indignidad de quien reclama.

El debate de fondo

Como Colectivo, no compartimos el concepto de "violencia vicaria" tal como se ha incorporado al discurso público y a la norma. Sostenemos que, en la práctica, opera como una reformulación de la llamada alienación parental: un mecanismo que, bajo el lenguaje de la protección, termina por excluir a uno de los progenitores del vínculo con sus hijas e hijos y por colocarlo, sin juicio previo, en la posición de criminal. Nuestra crítica no niega que existan mujeres víctimas de violencia —las hay, y merecen protección real y efectiva—; lo que cuestionamos es que una figura aplicada sin presunción de inocencia ni debido proceso se convierta en herramienta para apartar a un padre de sus hijos por la sola acusación. La protección a las víctimas de violencia y la garantía de un proceso justo no se excluyen: exigir la segunda no es negar la primera.

Distinguir estas dos discusiones importa incluso para quien no comparte nuestra postura de fondo. Una cosa es debatir si tenemos razón sobre la figura de la violencia vicaria; otra muy distinta es si un gobierno puede responder a una protesta con la fuerza pública y con la exhibición de los antecedentes de quienes se manifiestan. En lo primero cabe el desacuerdo legítimo; en lo segundo, creemos, no debería haberlo.

Un reflejo que México ya conoce

Que el desalojo ocurriera el mismo día en que el gobierno presumía estar "listo para el Mundial" no es, para nosotros, un detalle menor. México ya vivió, en su historia reciente, lo que significa que un gobierno anteponga la imagen ante el mundo al derecho de su gente a manifestarse.

En 1968, ante la proximidad de los Juegos Olímpicos que se inaugurarían el 12 de octubre, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz interpretó al movimiento estudiantil como una conjura destinada a sabotear la imagen del país, y el 2 de octubre —diez días antes de la inauguración— el Estado reprimió la concentración de la Plaza de las Tres Culturas. La cifra oficial habló de treinta muertos; investigaciones posteriores citadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estiman que pudieron ser cientos. Fue la expresión más brutal de una idea: que la protesta que incomoda al poder, en vísperas de un acontecimiento internacional, debe ser silenciada antes que escuchada.

Queremos ser muy claros, porque la honestidad es parte de nuestra causa: lo ocurrido frente a Casa Jalisco —un forcejeo, un detenido liberado horas después, un menor lesionado— no es Tlatelolco, y sería indigno de la memoria de aquellas víctimas pretender que lo fuera. La escala es incomparable y no la equiparamos.

Lo que sí permanece, a casi seis décadas de distancia, es el reflejo de la autoridad. En 1968, el manifestante fue presentado como un supuesto "agente del comunismo internacional" empeñado en empañar las Olimpiadas. En 2026, el manifestante es presentado por el gobernador Lemus como un supuesto "deudor alimentario" o como un "macho alfa". Cambia el nombre del estigma; se conserva la gramática del poder: en lugar de responder al reclamo, se descalifica a quien lo levanta, y se hace justo cuando el país enciende los reflectores para recibir al mundo. Entonces fue el ejército contra los estudiantes; hoy es la policía estatal retirando a empujones a familias que pedían ser escuchadas. La distancia entre ambos hechos es enorme; la lógica que los une debería preocuparnos a todos.

Nombramos a Díaz Ordaz no para igualar tragedias, sino para recordar adónde conduce, en su forma extrema, la decisión de tratar a la protesta como un estorbo para la fotografía. La lección de 1968 no es solo sobre la magnitud del horror: es sobre el reflejo que lo hizo posible. Y ese reflejo, en su forma menor, lo vimos operar el 26 de mayo.

No somos, además, el primer colectivo en denunciar la mano dura de este gobierno frente a la inconformidad. En febrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Atequiza denunciaron un operativo en el que, según su testimonio, policías estatales ingresaron a su plantel, usaron armas de fuego y retuvieron temporalmente a 36 alumnos. Lo señalamos no para apropiarnos de su causa, que es distinta de la nuestra, sino porque la forma de responder a quien protesta parece repetirse.

Lo que pedimos

Como Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, exigimos:

1. Una investigación imparcial sobre la actuación policial del 26 de mayo, en particular sobre las lesiones a un menor de edad.
2. Que el gobierno de Jalisco se abstenga de revisar y exhibir públicamente los antecedentes personales de quienes ejercen su derecho a la protesta.
3. Que se rectifique la versión oficial que vincula la convocatoria con una persona "buscada por la justicia", por ser contraria a los hechos.
4. Mesas de diálogo que atiendan el contenido de nuestro reclamo, en lugar de descalificar a quien lo formula.

Seguiremos manifestándonos de manera pacífica, porque el derecho a hacerlo es anterior a cualquier autoridad y no se nos concede: se ejerce.

Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad Soy Papá, No Criminal

Este comunicado expresa la postura del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad. Las declaraciones del gobierno de Jalisco aquí citadas fueron recogidas por medios locales; los hechos relativos a la detención y a las lesiones de un menor corresponden a la denuncia del propio Colectivo y se encuentran en proceso de documentación.

Referencias

Bobadilla, R. (2026, 26 de mayo). Tras trifulca en Casa Jalisco, Pablo Lemus envía un mensaje a los "machos alfa": revisará perfiles de deudores alimentarios. El Informador. https://www.informador.mx/jalisco/tras-trifulca-en-casa-jalisco-pablo-lemus-envia-un-mensaje-a-los-machos-alfa-revisara-perfiles-de-deudores-alimentarios-20260526-0194.html

Hernández, M. (2026, 26 de mayo). Mundial 2026: Obras para están listas, afirma el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. El Informador. https://www.informador.mx/jalisco/mundial-2026-obras-para-estan-listas-afirma-el-gobernador-de-jalisco-pablo-lemus-20260526-0167.html

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. (s. f.). Movimiento estudiantil de 1968. https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Movimiento_Estudiantil_1968

La Jornada. (2026, 9 de febrero). Normalistas de Atequiza denuncian política de represión del gobierno de Pablo Lemus. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/09/estados/normalistas-de-atequiza-denuncian-politica-de-represion-del-gobierno-de-pablo-lemus

Mural. (2026, 27 de mayo). Había 4 deudores alimentarios en marcha.- Lemus. https://www.mural.com.mx/habia-4-deudores-alimentarios-en-marcha-lemus/ar3211640

Notisistema. (2026, 26 de mayo). Lemus rechaza marcha contra Ley Vicaria y anuncia revisión de perfiles de manifestantes. https://www.notisistema.com/noticias/lemus-rechaza-marcha-contra-ley-vicaria-y-anuncia-revision-de-perfiles-de-manifestantes/

UDG TV. (2026, 27 de mayo). Pablo Lemus no atenderá deudores alimentarios en Jalisco. https://udgtv.com/noticias/pablo-lemus-no-atendera-deudores-alimentarios-en-jalisco/318369

El cargo Díaz Ordaz tenía sus Olimpiadas; Lemus tiene su Mundial - 1968 y 2026, cuando el manifestante estorba a la fotografía apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.

El martes 26 de mayo 2026, una manifestación se desarrolló de forma pacífica en Guadalajara, Jalisco. Lo que ocurrió durante y después de esa marcha quedó registrado en video. Este artículo expone los hechos documentados, los distingue de lo que aún se encuentra en proceso de denuncia, y los confronta con el marco jurídico vigente. No pedimos que se nos crea por indignación: pedimos que se observen las pruebas y se lea la ley. Por eso integramos aquí, dentro del texto, los tres videos que sostienen cada afirmación.

Y advertimos algo desde la primera línea: lo que se ve en estos videos no son simples "incidentes de orden público". Son hechos con apariencia de delito, y como tales deben ser investigados. Más aún: responden a un patrón de represión estatal que este país ya conoce, y que en 2014, en Puebla, terminó con la vida de un niño de 13 años. Por eso lo decimos sin rodeos —para que no vuelva a ocurrir.

Primer hecho con apariencia de delito: la intervención y el despojo

En el siguiente video se observa a elementos identificados como Policía Estatal Preventiva de Jalisco interviniendo sobre los manifestantes y retirando del lugar pertenencias —mesas, sillas y equipo—.

Que agentes del Estado se lleven los bienes de un grupo de ciudadanos, sin orden, sin causa y sin procedimiento, tiene un nombre en el Código Penal, y no es "operativo": el despojo y la sustracción de bienes ajenos son conductas posiblemente constitutivas de delito. Estos hechos están siendo denunciados en este momento ante la Fiscalía en Guadalajara y aún no han sido acreditados por la autoridad. Los presentamos como lo que son: hechos documentados en video, con apariencia de delito, y materia de denuncia. Corresponde al Ministerio Público investigarlos —y a la opinión pública, no olvidarlos.

Segundo hecho con apariencia de delito: un menor de 14 años

En el siguiente video aparece un adolescente de 14 años, visiblemente afectado y llorando, tras la intervención policial.

Aquí no hay matices que valgan. El uso de la fuerza pública sobre un menor de edad activa de inmediato el principio del interés superior de la niñez (artículo 4º constitucional), y cualquier agresión contra él puede constituir un delito perseguible de oficio, además de una grave violación a derechos humanos. Un Estado que permite que sus policías hagan llorar a un niño de 14 años en una calle no está mostrando autoridad: está mostrando exactamente lo que debería avergonzarlo. Este hecho, igual que el anterior, forma parte de las denuncias presentadas ante la Fiscalía.

La distinción que hacemos es deliberada: lo que su policía hizo está documentado en video y denunciado, y será la Fiscalía quien lo acredite. Lo que el gobernador dijo, en cambio, no necesita que nadie lo acredite: lo dijo él, con su nombre y su cara, ante una cámara.

Tercer hecho: las palabras del propio gobernador

Horas después de la movilización, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, del partido Movimiento Ciudadano, publicó un video en sus propias cuentas de redes sociales.

En él afirma textualmente:

"Debemos de entender que existe un problema muy grave en nuestro país de violencia contra las mujeres. Tenemos que ponernos del lado de ellas. Y ese es mi papel y mi compromiso. Yo estoy del lado de defender a las mujeres. No estoy de acuerdo con esta marcha. E incluso he pedido darle una revisadita a los perfiles de algunos manifestantes, de algunos machos alfa que estuvieron en esta manifestación, para saber si son deudores alimentarios, que puedan ponerse al corriente de pagar pues todo lo que le deben: ex parejas, ex esposas, hijas, hijos, familiares. Jamás me voy a poner del lado de los hombres violentadores y de personas señaladas por violencia contra las mujeres. Mi respaldo absoluto a las mujeres, y vamos a darles una revisada para ver cuántos deudores alimentarios salen de esta manifestación."

Detengámonos en una sola frase: "he pedido darle una revisadita a los perfiles de algunos manifestantes."

Que el titular del Poder Ejecutivo de un estado anuncie, con esa ligereza —"una revisadita"—, que ordenó usar el aparato del Estado para investigar a ciudadanos por el hecho de haber marchado, no es un comentario menor. Es la descripción pública, hecha por su propio autor, de un posible ejercicio indebido de la función pública y un posible uso ilícito de datos personales. El tono coloquial no atenúa la gravedad: la subraya. Revela a una autoridad que considera normal —casi divertido— fichar a quien protesta. En un Estado de derecho, el poder no "le da una revisadita" a los ciudadanos que ejercen un derecho constitucional. Los respeta, o responde ante la ley.

Esta declaración no es una interpretación nuestra ni una filtración: es una afirmación pública, hecha por el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, en sus canales oficiales. Por eso la tratamos como un hecho, y sobre ella —no sobre suposiciones— construimos el análisis que sigue.

Lo que está en juego ante la ley

El derecho a manifestarse no es una concesión de la autoridad. Está reconocido en los artículos 6º y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 9º establece que no se podrá coartar el derecho de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. México es además parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 21), que protege el derecho de reunión pacífica.

A partir de la declaración del gobernador y de lo documentado en los videos, corresponde a las autoridades competentes determinar si se está ante conductas con apariencia de delito. Las normas que entran en tensión son, al menos, las siguientes:

• El derecho de reunión y manifestación (arts. 6º y 9º constitucionales). Investigar a una persona como consecuencia de ejercer este derecho produce un efecto inhibitorio sobre su ejercicio futuro —el llamado efecto amedrentador, que la propia jurisprudencia en derechos humanos reconoce como una forma de restricción ilegítima.
• La protección de datos personales. La revisión y el cruce de información de particulares —incluida su situación judicial o familiar, que es un dato sensible— por parte de una autoridad, fuera de un procedimiento legal y sin causa que lo justifique, está sujeta a la legislación de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y su violación tiene consecuencias.
• El ejercicio debido de la función pública. El uso de recursos y facultades del Estado debe ceñirse a un fin legítimo y a un procedimiento previsto en la ley. Dirigir el aparato estatal a fichar manifestantes puede constituir un ejercicio indebido de la función pública.
• El despojo y las lesiones. La sustracción de bienes y cualquier agresión física documentadas en video son conductas tipificadas que corresponde investigar al Ministerio Público.

No corresponde a un colectivo dictar sentencia, y no lo hacemos. Corresponde señalar, con la ley en la mano, que estos son los preceptos aplicables y que existen hechos y una declaración pública que ameritan investigación por los órganos competentes: la Fiscalía, el Órgano Interno de Control, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la autoridad garante en materia de datos personales.

Las preguntas que merecen respuesta

No acusamos: preguntamos. Y dejamos que cada quien, con los videos a la vista, saque sus conclusiones. Gobernador Lemus, con el debido respeto al cargo que ostenta:

• Si la manifestación fue pacífica, ¿por qué intervino la fuerza pública sobre ella?
• ¿Por qué un adolescente de 14 años terminó llorando después del paso de su Policía Estatal Preventiva?
• ¿Con qué orden, con qué causa legal y bajo qué procedimiento se llevó su policía las mesas, las sillas y el equipo de los manifestantes?
• ¿Se siente cómodo defendiendo a las mujeres con una mano mientras, con la otra, su policía despoja y violenta a familias que marchaban en paz?
• Cuando usted habla de "darle una revisadita a los perfiles" de quienes marcharon, ¿entiende que está describiendo el uso del poder del Estado para vigilar a ciudadanos por opinar distinto?
• ¿De verdad cree que se protege a la infancia impidiendo que muchos niños y niñas convivan con sus padres?
• Cuando una autoridad discrimina o señala a un género entero, ¿no abre la puerta a que se abuse de esa ventaja en perjuicio del otro y, sobre todo, de los hijos en medio?
• ¿Reconoce que la violencia familiar también puede ser ejercida por mujeres, y que la niñez merece protección sin importar de quién provenga el daño?
• Los niños y niñas son el futuro del país: ¿qué huella psicológica deja en ellos ver a su padre golpeado o despojado por la policía?
• Y la pregunta de fondo: ¿la justicia se imparte caso por caso y con pruebas, o por categorías, sospechas y etiquetas como "machos alfa"?

Ninguna de estas preguntas es una afirmación. Son, sencillamente, las dudas que cualquier ciudadano se hace al ver los tres videos de arriba.

El antecedente que México no debe olvidar

México ya tiene un precedente que ilustra hasta dónde puede llegar la fuerza pública contra una protesta cuando nadie la detiene a tiempo, y por qué la presencia de un menor de edad en medio de una intervención policial nunca es un detalle menor.

En 2014, en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, un niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, murió tras ser herido en la cabeza por una bala de goma disparada por la policía estatal durante una protesta en la que los pobladores exigían el regreso de las oficinas del Registro Civil a su comunidad. También en aquel momento la autoridad habló de orden público, negó haber usado balas de goma y disputó su responsabilidad. El caso quedó grabado en la memoria del país como una de las advertencias más dolorosas sobre lo que ocurre cuando se normaliza el uso de la fuerza contra quienes se manifiestan: empezó como una "dispersión" y terminó con un niño muerto y años de impunidad.

El paralelismo que importa no es de gravedad —no la hay, y no la afirmamos: en Chalchihuapan un niño perdió la vida, y en Guadalajara, hasta donde está documentado, un adolescente de 14 años resultó violentado y aparece llorando en video tras la intervención. El paralelismo es de patrón: una protesta, una policía estatal actuando sobre los manifestantes, un menor de edad en medio, y una autoridad que en lugar de asumir responsabilidad busca justificar la actuación o señalar a quienes marcharon. Ese patrón es precisamente el que debe romperse antes, y no después, de que cobre una víctima irreparable.

Lo decimos con claridad y sin alarmismo: hoy estamos a tiempo. Chalchihuapan es la prueba de lo que cuesta no estarlo.

La misma causa que ayer mereció una foto, hoy merece represión

Hay un contraste que el propio entorno del gobernador vuelve imposible de ignorar. El 21 y 22 de marzo de 2025, en la Hacienda La Providencia de Guadalajara, la señora Maye Villa de Lemus —esposa del gobernador y Presidenta del DIF Jalisco— participó como autoridad invitada en un foro de mujeres, donde posó sosteniendo en alto la playera del movimiento "Soy Papá No Criminal". Una imagen vale más que mil discursos: ahí estaba la figura más cercana al gobernador, mostrando con su gesto cercanía con esta causa y con los rostros de estas familias.

Poco más de un año después, ese mismo gobierno —el de su esposo— respondió a la misma causa no con una foto, sino con su Policía Estatal Preventiva: con despojo, con violencia, y con un niño de 14 años llorando en la calle.

La misma causa que ayer mereció una foto, hoy merece represión. ¿Qué cambió en un año: la causa, o la conveniencia política de reconocerla? ¿Cuál es, entonces, la postura real del gobierno de Jalisco frente a estas familias?

Una precisión sobre quiénes marcharon

El gobernador anunció que buscará identificar "cuántos deudores alimentarios salen de esta manifestación". Conviene aportar un dato verificable: en el movimiento Soy Papá No Criminal —colectivo hermano del CNMI, nacido de esta misma causa— cada integrante cuenta con su constancia de no deudor alimentario. El registro de estas organizaciones es, por principio, exclusivo de padres y familias que están al corriente de sus obligaciones.

Esto no significa que ninguna persona deba quedar exenta de investigación cuando exista una denuncia y un procedimiento legal de por medio; significa que clasificar a un contingente entero como presuntos infractores, desde el poder y por el solo hecho de marchar, no se sostiene ni en los hechos ni en la ley. La justicia se aplica caso por caso, con pruebas y con debido proceso —no por categoría, ni por sospecha colectiva, ni por haber ejercido un derecho constitucional.

Lo que exigimos

Desde el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, demandamos:

1. Investigación pronta e imparcial por parte de la Fiscalía sobre la actuación de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, incluidos el despojo de bienes y la agresión documentada.
2. Atención y protección inmediata al adolescente afectado y a su familia, conforme al interés superior de la niñez.
3. Revisión, por los órganos competentes, de la instrucción de "revisar perfiles" anunciada por el gobernador, a la luz de los derechos de reunión y de protección de datos personales.
4. Garantía pública e inequívoca del derecho a la manifestación pacífica para todas las personas, sin distinción.

Este colectivo trabaja todos los días para que niñas y niños crezcan libres de violencia, acompañando a padres varones responsables y a sus familias en la búsqueda de un bien común. Precisamente por eso sabemos que ninguna causa justa se construye pisoteando los derechos de otros. Defender a unas personas no autoriza a vulnerar a otras. La igualdad, o es para todos, o no es igualdad.

Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad (CNMI)

El cargo El mismo patrón que mató a un niño en Puebla: la Policía Estatal de Lemus reprimió una marcha pacífica, despojó a familias y violentó a un menor de 14 años apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.

Por el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad (CNMI) 4 de mayo de 2026

Los hechos

La noche del viernes 1 de mayo de 2026, Roxana N., de 40 años, regresó a su domicilio en el fraccionamiento La Rioja, Mexicali, después de asistir a una fiesta. Entró a su casa, se bañó, y se durmió. Su hijo Vicente, de 3 años, quedó atado a su silla de seguridad en el asiento trasero del vehículo estacionado afuera.

No despertó hasta el mediodía del sábado.

A las 13:30 horas hizo la llamada de emergencia. Para entonces, Vicente llevaba más de 12 horas encerrado en un auto que, según el Servicio Médico Forense de Mexicali, alcanzó internamente más de 45 grados centígrados (Lara, 2026; Olvera, 2026).

El niño murió entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, mientras su madre dormía. La necropsia reveló quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, producidas por la exposición al calor (Sánchez Brito, 2026).

Versiones extraoficiales —incluida la del padre— señalan que Roxana habría llegado en estado de ebriedad, aunque la Fiscalía General del Estado de Baja California aún no lo confirma oficialmente (TV Azteca, 2026; El Imparcial de Oaxaca, 2026).

Roxana fue detenida por el delito de omisión de cuidados, que en el Código Penal de Baja California contempla penas de seis meses a dos años de prisión (Olvera, 2026).

El dato que casi nadie está mencionando

Mientras los medios titulan "madre olvida a su hijo" y las redes se llenan de indignación contra Roxana, hay un hecho documentado que apenas aparece en una línea, casi al final de algunas notas:

El padre de Vicente estaba en un proceso legal para recuperar la patria potestad y había solicitado custodia compartida (calibre800, 2026; Tiempo, 2026).

Y aún más grave, según declaraciones del propio padre difundidas tras la tragedia:

"Un juez determinó que el niño debía estar con la madre sin haber realizado pruebas psicológicas previas" (Blog del Narco, 2026).

Lean eso otra vez.

Un padre pidió custodia compartida. Un juez se la negó. No se ordenaron evaluaciones psicológicas. La madre conservó la custodia exclusiva. Y un sábado por la mañana, mientras ella dormía la borrachera, su hijo de 3 años se cocinaba dentro de un auto.

Las preguntas que hay que hacer

Desde CNMI, defendemos la igualdad sustantiva. Eso significa pedir las mismas preguntas que se harían si los papeles estuvieran invertidos:

1. Si hubiera sido el padre quien dejó al niño 14 horas en el auto tras una fiesta, ¿estaríamos hablando de "omisión de cuidados" con pena de 6 meses a 2 años? ¿O estaríamos viendo titulares con palabras como feminicidio infantil, violencia vicaria, padre asesino?

2. Si el padre hubiera tenido la custodia exclusiva tras un proceso sin evaluación psicológica, ¿alguien estaría defendiendo al juez que se la otorgó? ¿O hablaríamos de complicidad institucional?

3. ¿Por qué los jueces familiares en México siguen aplicando, en la práctica, el principio de "preferencia maternal" —derogado formalmente, pero vigente en la cultura judicial— sin ordenar de oficio las evaluaciones psicológicas que la ley establece?

4. ¿Cuántos padres en este país están exactamente en la posición del padre de Vicente —pidiendo convivencia, custodia compartida, evaluaciones imparciales— y están siendo desestimados por jueces que asumen que "con la madre estará bien"?

5. ¿Cuándo va a entender el sistema que el "interés superior del menor" no es sinónimo de "se queda con la madre"?

El punto incómodo

En CNMI denunciamos desde hace años la falacia vicaria: la construcción ideológica que presume que los padres son, por defecto, una amenaza, y que las madres son, por defecto, cuidadoras seguras. Esa presunción es lo que sostiene resoluciones como la que dejó a Vicente bajo custodia exclusiva de Roxana sin pruebas psicológicas.

No estamos diciendo que todas las madres sean negligentes. Estamos diciendo —y los datos lo respaldan— que la negligencia, el abuso y el descuido infantil no tienen sexo. Las estadísticas internacionales sobre fatalidades por maltrato infantil muestran que las madres son responsables en una proporción al menos igual a los padres, y en muchas categorías mayor (U.S. Department of Health & Human Services, 2023).

Pero el sistema judicial mexicano sigue operando bajo el supuesto contrario. Sigue otorgando custodia exclusiva a madres sin evaluación. Sigue criminalizando a padres que piden convivencia. Sigue desoyendo solicitudes de pruebas psicológicas porque "la madre es la madre".

Y luego, cuando un niño muere, el sistema se escandaliza, detiene a la madre por omisión de cuidados —pena máxima 2 años—, y se olvida del juez que firmó la resolución que lo puso ahí.

Lo que se debe exigir

Desde CNMI - Soy Papá No Criminal, exigimos:

1. Evaluación psicológica obligatoria de oficio en todo proceso de custodia, para ambos progenitores, no solo cuando el padre la solicita.
2. Presunción de coparentalidad como punto de partida en juicios familiares, no presunción de "preferencia maternal".
3. Investigación al juez que resolvió la custodia exclusiva en este caso sin ordenar pruebas psicológicas.
4. Que la pena por omisión de cuidados con resultado de muerte se equipare a la del homicidio culposo agravado, sin distinción de quién sea el progenitor responsable.
5. Reconocimiento legal y social de que la negligencia parental letal es violencia infantil, sin importar el sexo del agresor.

Vicente

Vicente tenía 3 años. Le gustaba —porque a todos los niños de 3 años les gusta— que lo cargaran, que le contaran cuentos, que su papá lo recogiera los fines de semana.

Su papá no estaba en la ciudad ese fin de semana. Su papá tampoco tenía la custodia. Su papá había pedido al sistema que evaluara a ambos, que escuchara, que decidiera con base en pruebas y no en prejuicios.

El sistema le dijo que no.

Hoy Vicente está en el SEMEFO. Su madre está detenida. El juez sigue trabajando.

Que su nombre sirva para que esto deje de repetirse.

Vicente, descansa en paz. Te fallamos como sociedad. Te falló la justicia.

Referencias

Blog del Narco. (2026, 4 de mayo). En Mexicali Roxana que peleaba la custodia de su hijo, llegó borracha a su casa, se durmió, pero olvidó al niño en la camioneta y murió por el calor. https://www.blogdelnarco.org/2026/05/en-mexicali-una-mujer-que-peleaba-la.html

calibre800. (2026, 4 de mayo). Borracha abandonó a su hijo en el carro… murió. https://www.calibre800.com/2026/05/04/borracha-abandono-a-su-hijo-en-el-carro-murio/

El Imparcial de Oaxaca. (2026, 4 de mayo). Muere niño olvidado en un auto: el calor convierte un descuido en tragedia en Mexicali. https://imparcialoaxaca.mx/nacional/muere-nino-olvidado-en-un-auto-el-calor-convierte-un-descuido-en-tragedia-en-mexicali/

Lara, J. (2026, 4 de mayo). Niño muere por golpe de calor en Mexicali; lo olvidaron en el carro. López-Dóriga Digital. https://lopezdoriga.com/nacional/nino-muere-golpe-de-calor-mexicali-lo-olvidaron-carro/

Olvera, R. (2026, 4 de mayo). Caso Vicente: muere menor de 3 años por golpe de calor; su mamá lo dejó olvidado en el coche tras llegar en estado de ebriedad. Eje Central. https://www.ejecentral.com.mx/nuestro-eje/caso-vicente-muere-menor-de-3-anos-por-golpe-de-calor-su-mama-lo-dejo-olvidado-en-el-coche-tras-llegar-en-estado-de-ebriedad

Redacción Infobae. (2026, 4 de mayo). Niño de 3 años murió tras pasar horas dentro de un auto: el caso de Vicente conmociona en Mexicali. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2026/05/04/nino-de-3-anos-murio-tras-pasar-horas-dentro-de-un-auto-el-caso-de-vicente-conmociona-en-mexicali/

Redacción Milenio. (2026, 4 de mayo). Niño de 3 años muere por golpe de calor en un carro en Mexicali. Milenio. https://www.milenio.com/estados/nino-muere-por-golpe-de-calor-olvidado-carro-mexicali-baja-california

Sánchez Brito, A. (2026, 4 de mayo). ¿Qué se sabe del caso del niño Vicente que murió por un golpe de calor en Mexicali? UnoTV. https://www.unotv.com/estados/baja-california/que-se-sabe-del-caso-del-nino-vicente-que-murio-por-un-golpe-de-calor-en-mexicali/

Tiempo. (2026, 4 de mayo). Olvidó a su hijo dentro de auto en Mexicali; lo encontró sin vida. https://www.tiempo.com.mx/nacional/olvido-hijo-auto-fiesta-fallecio-golpe-de-calor-mexicali-baja-california/

TV Azteca. (2026, 3 de mayo). ¿De qué murió el niño Vicente en Mexicali, Baja California? Menor queda encerrado en un auto por horas. https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/muere-nino-vicente-en-mexicali-baja-california-menor-queda-encerrado-auto-12-horas/

U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families. (2023). Child maltreatment 2021. Children's Bureau. https://www.acf.hhs.gov/cb/data-research/child-maltreatment

El cargo Caso Vicente: Cuando la "preferencia maternal" se convierte en sentencia de muerte apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.

Publicado por el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad (CNMI) · Movimiento Soy Papá No Criminal

Los datos que rompen la narrativa oficial

El 28 de abril de 2026, la Coalición para Poner Fin a la Violencia Doméstica (CEDV) y la Alianza Internacional contra el Abuso y la Violencia Doméstica (DAVIA) publicaron un comunicado internacional documentando un fenómeno global que la prensa hegemónica prefiere ignorar (Coalition to End Domestic Violence, 2026).

El dato central proviene del informe oficial de Ipsos en colaboración con el Global Institute for Women's Leadership del King's College London, una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo en estudios de género. La encuesta levantó 23,268 entrevistas en 29 países entre el 24 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026 (Ipsos, 2026).

A la pregunta directa "Me defino como feminista":

Solo el 39% de la población global respondió afirmativamente. El 50% lo rechazó. Y la tendencia va en aumento.

No es un margen estrecho. Es la mitad del planeta diciendo que la palabra "feminista" ya no los representa. Y eso, en términos sociopolíticos, no es un detalle: es un terremoto.

Los 13 países donde la mayoría ya no quiere esa etiqueta

Según los datos publicados por Ipsos (2026), los siguientes países encabezan el viraje, ordenados por el porcentaje de población que NO se define como feminista:

País	% que NO se define como feminista
Corea del Sur	74%
Japón	64%
Alemania	62%
Perú	62%
Hungría	62%
Turquía	58%
Colombia	56%
México	56%
Argentina	56%
Polonia	56%
Chile	54%
Bélgica	51%
Indonesia	43%

México lidera el viraje en América Latina junto con Perú, Colombia, Argentina y Chile. Los cinco países más representativos del feminismo militante latinoamericano de los últimos diez años son, hoy, los que registran las mayores proporciones de rechazo ciudadano a esa misma etiqueta.

No es coincidencia. Es consecuencia.

La pregunta política que el gobierno mexicano no quiere escuchar

Una proporción creciente de la población —incluyendo a la mayoría de los mexicanos, alemanes, japoneses, coreanos, peruanos, húngaros, colombianos, argentinos, polacos, chilenos, turcos y belgas— ha dejado de identificarse con la corriente ideológica que reclama el monopolio de la palabra "feminismo".

Y aquí surge la pregunta que ningún medio mexicano se atreve a formular en voz alta:

¿Cómo afectará este desencanto el voto en México?

Estamos ante un gobierno federal que se autoproclama abiertamente feminista, que decretó 2025 como "Año de la Mujer Indígena", que creó una Secretaría de las Mujeres a nivel federal, que reformó la Constitución para introducir el principio de "deberes reforzados" exclusivos hacia las mujeres, y que avaló —a través de una Suprema Corte alineada con esa visión— una figura penal aplicable solo a un sexo: la mal llamada "violencia vicaria" (SCJN, 2025).

Todo este andamiaje político-jurídico se construyó bajo el supuesto de que representaba la voluntad mayoritaria del pueblo de México. Los datos de Ipsos y King's College London demuelen ese supuesto:

• El 56% de los mexicanos NO se identifica como feminista.
• A nivel global, el 52% considera que las cosas en igualdad de género ya han ido lo suficientemente lejos.
• El 52% de los varones a nivel global considera que se les discrimina en nombre de la igualdad.
• De los 24 países comparables desde 2019, 23 muestran un aumento sostenido del desencanto.

¿Cuántos de esos millones de mexicanos que no se identifican con esta agenda ideológica están dispuestos a seguir votando por partidos que la imponen como política de Estado? ¿Cuántos padres separados de sus hijos por procesos judiciales eternos? ¿Cuántas abuelas obstruidas? ¿Cuántas familias paternas borradas? ¿Cuántos hombres acusados sin pruebas?

Las elecciones intermedias de 2027 y la federal de 2030 darán la respuesta. Y los datos de Ipsos sugieren que esa respuesta no será la que el oficialismo espera.

Quien gobierna en nombre de una mayoría que ya no existe, gobierna sobre una ficción. Y las ficciones, tarde o temprano, se cobran en las urnas.

El dato más demoledor: la otra mitad de la encuesta

El mismo informe de Ipsos (2026) revela que la fractura no se queda en la palabra "feminista". Los hallazgos secundarios son aún más reveladores:

• 52% de los encuestados a nivel global considera que, en cuanto a derechos de las mujeres, "las cosas ya han ido lo suficientemente lejos en mi país".
• 54% de los varones a nivel global considera que se les exige hacer demasiado para apoyar la igualdad (frente al 38% de las mujeres).
• 52% de los varones está de acuerdo con la frase: "Hemos ido tan lejos en promover la igualdad de las mujeres que estamos discriminando a los hombres."
• De los 24 países encuestados de forma comparable desde 2019, 23 muestran un aumento en la percepción de que la agenda de igualdad ha ido demasiado lejos. Polonia encabeza el incremento (+18 puntos porcentuales).

Estos datos no provienen de un colectivo de padres ni de un medio conservador: provienen de una encuesta académica conjunta entre Ipsos y el King's College London, dos instituciones que están muy lejos de cualquier sospecha de sesgo antifeminista.

El caso mexicano reconocido en el comunicado internacional

El comunicado de DAVIA (Coalition to End Domestic Violence, 2026) menciona explícitamente a México como uno de los frentes donde la opinión pública se ha traducido en movilización ciudadana organizada. Reseña la jornada nacional del 24 de abril de 2026, cuando el CNMI, su movimiento Soy Papá No Criminal, Niños con MaPa y otras organizaciones convocaron simultáneamente, bajo la consigna:

"Soy papá, no criminal."

El comunicado también registra que la petición ciudadana asociada a esta causa, alojada en Change.org bajo el título "Promover la igualdad ante la ley para los hombres", ha sido respaldada por más de 126,000 firmas (Change.org, 2026), exigiendo igualdad real ante la ley para los varones en materia familiar y penal.

Que una alianza internacional con organizaciones miembros en más de 40 países cite a México como ejemplo de resistencia ciudadana confirma algo importante: el movimiento mexicano de padres responsables y familias paternas ya no es local. Es parte de una tendencia internacional documentada.

La marea internacional: cuatro países, una sola conclusión

El comunicado de DAVIA documenta tendencias paralelas en cuatro continentes (Coalition to End Domestic Violence, 2026):

Canadá. La académica Janice Fiamengo publica una serie de ensayos cuestionando los supuestos epistemológicos del feminismo contemporáneo en su columna Women Can't Build Civilization (Fiamengo, 2026), abriendo un debate intelectual que durante años estuvo cerrado.

Reino Unido. The New Statesman publicó una investigación sobre el ascenso del radicalismo ideológico entre mujeres jóvenes (Pope, 2026), generando un debate público sobre si los algoritmos y la cultura digital están produciendo una generación capturada por discursos de hostilidad. La investigadora Debra Soh respondió con un artículo en The Globe and Mail titulado "How Young Women are Radicalized into Hating Men" (Soh, 2026).

Estados Unidos. Evie Magazine publicó "Hating Men Isn't Improving Your Life", donde Lisa Britton documenta cómo la misandria mediática —el discurso de hostilidad contra los varones— se ha vuelto absolutamente mainstream en escuelas, medios, Hollywood y universidades (Britton, 2026).

La comentarista Carrie Gress lo resume con una frase que merece quedar grabada: "Los feministas se sobreextendieron; hombres y mujeres finalmente están rechazando su talante tiránico, pretencioso y condescendiente" (Gress, 2026).

Lo que este viraje sí significa

Antes de avanzar, hay que ser rigurosos. Los datos no dicen que la sociedad rechaza la dignidad de las mujeres ni que apoye la violencia hacia ellas. Los datos dicen algo distinto y más profundo:

La población mundial —y especialmente la mexicana— ha dejado de identificarse con la corriente ideológica que reclama el monopolio de la palabra "feminismo". Y lo ha hecho porque percibe que esa corriente se ha apartado de cualquier idea razonable de igualdad para convertirse en una agenda con efectos colaterales devastadores:

• Hombres separados de sus hijos durante 5, 7, 9 años o más, sin sentencia firme, mientras los tribunales tardan lo que la Constitución mexicana prohíbe que tarden.
• Denuncias falsas instrumentalizadas como herramienta procesal en juicios familiares, un fenómeno documentado por DAVIA en una encuesta internacional con YouGov en Argentina, Australia, Reino Unido y Estados Unidos en 2025 (Coalition to End Domestic Violence, 2025).
• La figura jurídica de la mal llamada "violencia vicaria" que, como reveló la Acción de Inconstitucionalidad 57/2024, fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre de 2025 como aplicable únicamente cuando la víctima es mujer, blindando una construcción jurídica de género único en abierta tensión con el principio de igualdad ante la ley del artículo 1° constitucional (SCJN, 2025).
• Suicidios masculinos invisibilizados: según el INEGI (2025), en 2024 el 80.7% de los suicidios registrados en México fueron de hombres, con una tasa cuatro veces superior a la femenina, y ninguna política pública con perspectiva de género los considera sujetos prioritarios de atención.
• Niñas y niños alienados de uno de sus progenitores, con consecuencias psicológicas que la academia oficialista mexicana se ha negado sistemáticamente a investigar con rigor.

La sentencia que confirma todo lo que el CNMI ha denunciado

El 14 de octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 57/2024, promovida por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La sentencia hizo exactamente lo opuesto a lo que cualquier sistema jurídico equilibrado haría: avaló la constitucionalidad de la violencia vicaria como figura unilateral, aplicable solo cuando la víctima es mujer (SCJN, 2025).

La argumentación central: que los hombres ya cuentan con la figura general de "violencia familiar" y que, por tanto, no se les discrimina. Una lógica jurídica que rompe el principio elemental de igualdad ante la ley: misma conducta, mismo tipo penal, sin importar el sexo de quien la comete o la padece.

La organización Perspectiva de Infancia —que presentó un amicus curiae ante la Corte— denunció que la sentencia viola el interés superior de la niñez, al dejar desprotegidos a los niños y adolescentes utilizados por madres agresoras (Proceso, 2025).

Esto es exactamente lo que el CNMI ha denunciado durante años: la violencia vicaria, tal como ha sido legislada y blindada por la SCJN, no es una herramienta de protección. Es una construcción ideológica de género único que rompe la igualdad ante la ley, criminaliza por presunción al varón, y deja desprotegidos a niños y niñas víctimas de violencia materna.

Y precisamente porque la SCJN avaló esa figura, el desencanto ciudadano que muestra la encuesta de Ipsos cobra todo su sentido. No es casualidad que la mayoría de los mexicanos ya no se identifique con un movimiento que ha producido estas distorsiones jurídicas.

Tres tesis que el CNMI ha sostenido desde su fundación

1. La igualdad real no se construye sobre la criminalización de un sexo. Una sociedad no se vuelve más justa fabricando una nueva clase de sospechosos permanentes. La igualdad ante la ley es universal, indivisible y bidireccional, o no es igualdad: es revancha disfrazada de progreso.

2. La llamada "violencia vicaria", tal como ha sido legislada y avalada en México, es una construcción jurídica problemática. La Acción de Inconstitucionalidad 57/2024 reveló sus contradicciones: una figura penal aplicable a un solo sexo, sin estándares probatorios diferenciados, sin perspectiva de infancia. No la reconocemos como categoría jurídica legítima. La impugnaremos donde corresponda, con argumentos jurídicos rigurosos y evidencia documental.

3. Los derechos de las niñas y los niños están por encima de cualquier agenda de adultos. Privar a un menor de su padre durante años, sin sentencia firme, es violencia institucional. Quien lo permite, quien lo legisla y quien lo ejecuta deberá responder ante la historia y, eventualmente, ante tribunales internacionales de derechos humanos.

El cambio cultural ya empezó. Lo que viene es la batalla institucional —y electoral

El cambio de opinión pública es la primera trinchera. La segunda es la batalla legislativa, judicial, mediática y electoral, donde aún quedan estructuras capturadas por la ideología que deberán reformarse mediante argumentos jurídicos rigurosos, evidencia científica replicable, debate democrático abierto y, sobre todo, el voto ciudadano informado.

Desde el CNMI y Soy Papá No Criminal seguiremos trabajando por una agenda concreta y verificable:

1. Igualdad ante la ley sin excepciones de sexo en materia familiar y penal.
2. Debido proceso y presunción de inocencia para toda persona, sin importar su género.
3. Revisión integral de figuras jurídicas como la violencia vicaria, que vulneran principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica.
4. Coparentalidad responsable como principio rector del derecho familiar, en consonancia con el interés superior de la niñez establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
5. Reconocimiento integral de las víctimas reales de violencia familiar —hombres, mujeres, niñas, niños y adultos mayores— sin instrumentalización política ni asimetrías procesales.

Cierre: el silencio terminó. Lo siguiente es la urna.

Durante demasiado tiempo, hablar de los derechos de los padres fue motivo de cancelación. Cuestionar la "violencia vicaria" fue tachado de defensa al maltratador. Pedir igualdad ante la ley fue calificado de retroceso.

Hoy los datos hablan, y hablan claro: la mitad del mundo, y la mayoría de los mexicanos, ya no se identifica con el feminismo como ideología. La encuesta global de Ipsos y King's College London no es propaganda: es estadística rigurosa con 23,268 entrevistas y metodología pública. Y lo que dice no se puede cancelar: el desencanto es real, es global, es mexicano, y va en aumento.

A los políticos que hoy gobiernan en nombre de una ideología que perdió a la mayoría: los datos no mienten, y las urnas tampoco.

En el CNMI lo decimos sin filtros y sin medias tintas: estamos del lado de las familias, de los hijos y de los padres responsables. Estamos del lado de la igualdad ante la ley, de la evidencia científica y del derecho. Estamos del lado de la verdad, no del dogma.

El silencio se rompió. Y ya no se va a callar.

Únete al CNMI · Soy Papá No Criminal Porque amar a un hijo no es delito. Porque ser padre no es un crimen. Porque la igualdad se defiende con todos, o no es igualdad.

#CNMI #SoyPapáNoCriminal #IgualdadRealAnteLaLey #DerechoNoDogma #IpsosKCL2026 #ElectoralWatch2027

Referencias

Britton, L. (2026, 24 de abril). Hating men isn't improving your life. Evie Magazine. https://www.eviemagazine.com/post/hating-men-isnt-improving-your-life

Change.org. (2026). Promover la igualdad ante la ley para los hombres [Petición en línea]. https://www.change.org/p/promover-la-igualdad-ante-la-ley-para-los-hombres

Coalition to End Domestic Violence. (2025, 24 de agosto). False allegations target millions around the world, survey reveals [Comunicado de prensa]. https://endtodv.org/pr/false-allegations-target-millions-around-the-world-survey-reveals/

Coalition to End Domestic Violence. (2026, 28 de abril). Public opinion is now turning against feminist ideology [Comunicado de prensa]. https://endtodv.org/pr/public-opinion-is-now-turning-against-feminist-ideology/

Fiamengo, J. (2026). Women can't build civilization. The Fiamengo File. https://fiamengofile.substack.com/p/women-cant-build-civilization

Gress, C. (2026, 20 de abril). How feminism created an insufferable class of supposedly infallible females. The Federalist. https://thefederalist.com/2026/04/20/how-feminism-created-an-insufferable-class-of-supposedly-infallible-females/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio: Datos 2024 [Comunicado de prensa]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_Suicidio_25.pdf

Ipsos. (2026). Mind the gaps: Global attitudes toward gender equality in 2026 — International Women's Day Report. Ipsos & Global Institute for Women's Leadership, King's College London. https://www.ipsos.com/en/international-womens-day-2026

Pope, C. (2026, abril). Revealed: The new radicalism among young women. The New Statesman. https://www.newstatesman.com/politics/polling/2026/04/revealed-the-new-radicalism-among-young-women

Proceso. (2025, 18 de octubre). Reclaman a la Suprema Corte por avalar legislación deficiente sobre la violencia vicaria. https://www.proceso.com.mx/nacional/justicia/2025/10/18/reclaman-la-suprema-corte-por-avalar-legislacion-deficiente-sobre-la-violencia-vicaria-361042.html

Soh, D. (2026). How young women are radicalized into hating men. The Globe and Mail. https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-how-young-women-are-radicalized-into-hating-men/

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2025, 14 de octubre). Acción de Inconstitucionalidad 57/2024 [Resolución del Pleno]. https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=8366

El cargo El feminismo ideológico pierde el pulso con la sociedad: 13 países lo confirman, y México encabeza el viraje en América Latina apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.

Una mesa, tres historias, un país que empieza a escuchar

Esta semana, el periodista Luis Cárdenas abrió su espacio en MVS para una conversación que en México sigue siendo tabú: la de los padres a quienes el propio sistema de justicia les ha arrancado a sus hijos en nombre de una "perspectiva de género" mal entendida y peor aplicada.

Frente al micrófono se sentaron tres voces que hoy representan a miles de familias rotas en este país:

Víctor, un padre que pasó tres años sin ver a su hijo, acusado de una "violencia psicológica" que el propio Ministerio Público terminó ridiculizando al preguntar cómo podía amenazar a alguien "mientras dormía".

Dave Harris, Coordinador Nacional del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, que ejerció la guardia y custodia completa de su hija durante siete años — hasta que, de un día para otro, el Poder Judicial de Puebla se la arrancó bajo el pretexto de una supuesta "violencia vicaria" sin pruebas.

Alex Flores, académico e investigador que ha documentado —con rigor universitario— el sesgo estructural del marco jurídico mexicano en materia familiar.

Tres historias. Una misma pregunta de fondo: ¿desde cuándo amar a un hijo se volvió delito en México?

El origen del problema: un plagio con membrete jurídico

Como lo expuso Víctor con claridad quirúrgica durante la entrevista, la figura de la llamada "violencia vicaria" que hoy circula en las leyes estatales mexicanas no es una categoría con sustento científico propio. Es, en realidad, una falacia jurídica: un plagio de la "alienación parental" y la "obstrucción parental" — conceptos que existían desde hace décadas en la psicología forense y que se aplicaban de manera neutra al género de quien los ejerciera — disfrazados de delito nuevo y con sesgo de género.

La psicóloga Yasmín Montpellier, junto con las investigaciones impulsadas por el CNMI, el colectivo Lazos Protectores de la Familia encabezado por Malena Cruz, el trabajo de Saharet Mendoza Martínez y Patricia Castilleja, demostraron desde 2021-2022 que la construcción jurídica de la "violencia vicaria" en México se edificó sobre un sesgo de género explícito: se tipificó únicamente contra los hombres, se redactó unidireccionalmente, y se aplicó con estándares probatorios inferiores a los de cualquier otro delito en el ordenamiento mexicano.

El resultado: un marco legal que invisibiliza al niño como víctima real y lo convierte en "víctima indirecta" de mamá o papá. O como lo planteó Alex Flores en la entrevista con precisión jurídica: "Si al niño se le agrede, el que tiene que ir al médico es el niño. El que necesita atención psicológica es el niño. Pero si tú me dices que el niño es un accesorio de mamá o de papá, ¿dónde está el interés superior del menor? Porque no lo estamos viendo."

El círculo vicioso procesal: cuando el civil se rinde ante el penal

Uno de los puntos más contundentes de la mesa fue la exposición, por parte de Alex Flores, del mecanismo procesal mediante el cual se borra a un padre del mapa:

1⃣ El padre inicia un proceso civil (convivencia, custodia, pensión).

2⃣ La contraparte responde con una denuncia penal por "violencia vicaria".

3⃣ El Ministerio Público, bajo la figura del mínimo probatorio contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, otorga medidas de protección con el primer testimonio, sin judicialización previa.

4⃣ El juez familiar, para "no meterse en problemas", suspende el proceso civil hasta que se resuelva el penal.

5⃣ El proceso penal puede durar tres, cinco, ocho años.

6⃣ Durante ese tiempo: no hay convivencias, no hay vínculo, no hay infancia compartida.

Cuando al fin llega la sentencia absolutoria, porque la inmensa mayoría de estos procesos terminan sin acreditación, el daño ya está hecho. El hijo creció sin padre. El padre envejeció sin hijo. Y la sentencia, como describió Víctor con dolor, llega con una fórmula burocrática seca: "La parte actora no acreditó la acción intentada."

Punto final. Sin reparación. Sin sanción para quien denunció falsamente. Sin memoria institucional.

El caso de Dave Harris: Puebla como laboratorio de la injusticia institucional

Durante la entrevista, Dave hizo público algo que el CNMI viene denunciando desde hace años: Puebla se ha convertido en uno de los epicentros nacionales donde la falacia vicaria se está aplicando como herramienta institucional y procesal contra padres.

Dave ejerció la guardia y custodia completa de su hija durante siete años, desde que la propia jueza familiar se la otorgó tras acreditar que la integridad de la niña pudiera estar comprometida con la madre. Durante ese tiempo, llevó puntualmente a su hija a cada visita y convivencia supervisada. La madre, por el contrario, faltaba repetidamente a las convivencias — sin consecuencia institucional alguna.

En agosto de 2025 —ya con la nueva Ley Vicaria vigente en Puebla—, un día para el otro, el Poder Judicial del Estado le arrancó a su hija. Se la entregaron a la madre contra la cual existe una carpeta de investigación abierta desde hace ocho años por maltrato, sin respetar la presunción de inocencia del padre.

Como denunció públicamente Dave en el espacio con Luis Cárdenas: "Se abrió una red de corrupción tremenda tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía de Puebla. El propio gobernador Alejandro Armenta reconoció el año pasado que hay infiltración criminal en esas instituciones. Están mediatizando una supuesta labor de limpieza, pero los procesos siguen tardando lo mismo. Las fiscalías siguen aplicando las mismas técnicas. La situación no se está resolviendo."

Desde el CNMI hemos sido testigas directas de este patrón. Lo hemos documentado. Lo hemos llevado a instancias institucionales como el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y también a la CEEAVI Puebla con el licenciado Pedro Plaza Montaño, y ante cada ventanilla donde hemos podido ser escuchados.

Una pregunta incómoda que no podemos dejar de hacer

Y aquí, desde el CNMI, sumamos una pregunta que Dave también ha lanzado públicamente al Magistrado Pedro Antonio Martínez Hernández, nuevo presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla:

Si su compromiso con la anticorrupción es genuino —y queremos creer que lo es— entonces ¿cuándo le toca al Órgano Interno de Control?

Porque mientras el Órgano Interno de Control del propio Poder Judicial siga archivando las quejas ciudadanas contra jueces familiares sin investigarlas, las destituciones mediáticas y los cambios de adscripción son cosmética. No transformación.

Publique los números, magistrado: cuántas quejas recibió el OIC en los últimos cinco años, cuántas investigó, cuántas sancionó. Solo eso.

La respuesta — o el silencio — hablará por sí sola.

Por qué el CNMI marcha junto con los padres

A muchas nos preguntan: "¿Por qué un colectivo de mujeres por la igualdad defiende a los padres?"

La respuesta es simple, y está en nuestro nombre: porque la igualdad no tiene género.

Las mujeres que integramos el CNMI luchamos hace años contra la violencia de género real, sin buscar favoritismos o crear nuevas desigualdades. Y precisamente por eso sabemos reconocer cuándo una herramienta pensada para proteger se convierte en una herramienta para destruir.

La falacia vicaria, tal como está legislada hoy en México, no protege a nadie — y mucho menos al interés superior del menor. Criminaliza al padre varón por el simple hecho de ser hombre. Cosifica a los niños, niñas y adolescentes relegándolos a la categoría de "segundas víctimas" — meros instrumentos accesorios de un conflicto adulto — mientras sostiene la ficción de que únicamente la madre puede ser víctima primaria.

Es un fraude jurídico con membrete de protección. Y como todo fraude construido sobre un sesgo, termina destruyendo a padres inocentes, a hijos que pierden a uno de sus progenitores, y a familias enteras — sin proteger, en los hechos, a ninguna mujer víctima de violencia real.

Como expuso Alex Flores en la entrevista, citando el Estado del Arte sobre Estudios de Violencia de Pareja: "A nivel internacional, la violencia en las relaciones de pareja es bidireccional. En Estados Unidos, hay más hombres que reportan haber sido golpeados por su pareja mujer que al revés. El punto no es negar la violencia contra las mujeres. El punto es decir: esto también existe. Y si no hay delitos para que los hombres denuncien, si la obstrucción parental no es delito en la mayoría de los estados, ¿cómo pretendemos que denuncien?"

Marchar junto con los padres del colectivo Soy Papá No Criminal no es traicionar la causa feminista. Es llevarla a su consecuencia lógica: la igualdad real ante la ley. La que no tiene sexo, ni cuota política, ni cálculo electoral.

El 24 de abril marchamos

El Día Internacional contra el Maltrato Infantil (25 de abril) es el marco que desde hace años reúne a organizaciones como el CNMI, Niños con Mapa, Ex Hijos, Defensa del Interés Superior del Menor, y ahora el movimiento internacional Soy Papá No Criminal.

Este año marchamos de manera simultánea en los 32 estados de la República y en múltiples países del mundo.

En Puebla, San Luis Potosí Capital y Ciudad Valles, el CNMI estará presente junto con SPNC coordinando las movilizaciones locales.

Pliego petitorio que llevaremos:

1⃣ Un delito homólogo al de violencia vicaria, redactado con perspectiva de interés superior del menor y aplicable sin distinción de género. La Suprema Corte ya se pronunció: la violencia vicaria en su forma actual es exclusivamente contra mujeres. No discutimos eso. Discutimos que los niños necesitan protección cuando cualquiera de sus progenitores los instrumentaliza — mamá o papá. El nombre del delito es lo de menos. Lo que importa es la herramienta.

2⃣ Inclusión de estadísticas oficiales sobre violencia familiar hacia varones. Hoy, ni INEGI ni ninguna otra instancia recaba estos datos. Son un hueco estadístico que vuelve invisible a miles de hombres víctimas.

3⃣ Mesas de trabajo institucionales con las autoridades responsables. Que dejen de esquivar el diálogo.

4⃣ Auditoría a los Órganos Internos de Control de los Poderes Judiciales estatales — empezando por Puebla.

5⃣ Aplicación estricta de la presunción de inocencia en procesos civiles y familiares, sin suspensión automática de convivencias paternales por el solo hecho de una denuncia.

El tendedero de amor: cartas que prueban lo que las leyes niegan

Una de las dinámicas más emotivas de nuestras marchas — y que este año repetiremos con mayor fuerza — es el tendedero de amor.

El año pasado se recolectaron más de 150 cartas escritas por padres a hijos que no pueden ver. Este año esperamos muchas más.

Como dijo Alex Flores al cierre de la entrevista: "Tú ves esos tendederos y ves puro amor. Y la instrucción es clara: aquí nadie viene a hablar mal de su ex esposa. Aquí solo se escribe: ¿qué le dirías a tu hijo que no has podido ver? Y es tanto amor, tanta gana, tanta lucha, tanta persistencia, que uno se da cuenta de que esto no es contra las mamás. Es por los hijos."

Si estás leyendo esto y eres un padre borrado…

No estás solo.

Somos más de 1,300 familias inscritas en el Registro Nacional de Soy Papá No Criminal — y sumando cada día — con presencia en los 32 estados del país.

Somos el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad marchando a tu lado.

Somos Niños con Mapa. Somos Ex Hijos. Somos Defensa del Interés Superior del Menor. Somos Lazos Protectores de la Familia.

Somos un ejército que no marcha con rabia, sino con fe.

Contáctanos. Súmate. Marcha. El 24 de abril los 32 estados tienen que estar presentes.

Agradecimientos

Desde el CNMI agradecemos a Luis Cárdenas por abrir su espacio en MVS con respeto, rigor y escucha real. En un panorama mediático donde la mayoría de los comunicadores prefieren no tocar este tema por miedo al linchamiento, Luis nos demostró que el periodismo libre sigue existiendo en México.

También a Víctor, a Alex Flores, y a Dave Harris por exponer sus historias con valentía ante el micrófono abierto.

Y sobre todo, gracias a cada madre, cada padre, cada hijo adulto, cada abuelo y cada abuela que todos los días nos escriben para decirnos: "No están solos. Nosotros también estamos luchando."

Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad (CNMI) Presencia en los 32 estados de la República En alianza con Soy Papá No Criminal, Niños con Mapa, Ex Hijos, Defensa del Interés Superior del Menor y Lazos Protectores de la Familia.

El cargo "Soy papá, no criminal": la entrevista en MVS que México necesitaba escuchar hace años apareció primero en CNM Por la Igualdad - Soy Papá, No Criminal.