Legislar desde TikTok: Nay Salvatori, la castración química y el peligro de confundir el Congreso con una red social

"Vamos a castrar a todos los hombres... a los agresores sexuales. Y quédate porque está buenísimo el chisme."

Con ese gancho comunicativo —diseñado para provocar, para viralizar, para monetizar— la diputada local de Morena por Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil, presentó en sus redes sociales la iniciativa del gobernador electo Alejandro Armenta de implementar la castración química para agresores sexuales en el estado. No fue en tribuna. No fue en comisiones. Fue en TikTok.

Este artículo analiza tres dimensiones del problema: la conducta de la diputada como figura pública, la incompatibilidad de la medida con los derechos humanos que México ha suscrito, y la pregunta de fondo que nadie está haciendo: ¿por qué seguimos apostando por el castigo cuando la evidencia señala que la prevención es el camino?

I. El Congreso no es un canal de influencer

Hay una diferencia fundamental entre comunicación política y entretenimiento político. La primera informa, argumenta y rinde cuentas. La segunda engancha, viraliza y monetiza. Nay Salvatori ha hecho de la segunda su marca personal —y el problema no es que exista esa marca, sino que se podría financiar y alimentarse desde un cargo público...

Cuando una legisladora usa el formato "quédate porque está buenísimo el chisme" para hablar de una iniciativa que podría afectar derechos fundamentales de personas, está subordinando su función pública al rendimiento de sus métricas digitales. La pregunta obligada es: ¿este contenido fue producido con recursos del Congreso? ¿En horario de funciones? ¿El equipo legislativo participó? El Congreso de Puebla cuenta con un código de ética; Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno, ya tuvo que recordárselo públicamente.

Pero lo más revelador no fue el video sobre la castración química. Fue su respuesta ante las críticas por la parodia del colapso de gradas en la Ibero.

El caso de la Ibero: cuando la burla revela la prioridad

El 27 de febrero de 2026, una estructura colapsó durante la foto de graduación de la licenciatura en Psicología de la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe. Treinta y tres personas fueron atendidas por servicios médicos; tres estudiantes permanecieron hospitalizados. Mientras aún se reportaban lesionados, la diputada Salvatori publicó una parodia en TikTok imitando a una madre de familia "pudiente" alarmada por el accidente. El video superó los tres millones de reproducciones...

Ante las críticas, su respuesta fue elocuente: "A ver quién se cansa más rápido: yo de monetizar o ustedes de tuitear". No ofreció disculpas a los estudiantes ni a sus familias. Sí se disculpó ante sus compañeros de bancada de Morena por el desgaste político generado. La jerarquía de sus lealtades quedó expuesta: primero la métrica, luego el partido, en algún lugar muy al fondo las personas afectadas. (Periódico Central: https://www.periodicocentral.mx/politica/nay-salvatori-se-dice-arrepentida-por-involucrar-a-sus-companeros-de-morena-en-video-escandalo/465752/ El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/tendencias/critican-a-diputada-nay-salvatori-tras-mofarse-del-colapso-de-gradas-en-la-ibero-esto-dijo/)

No es un episodio aislado. En 2020 bailó reggaetón y simuló disparar un arma en el pleno de la Cámara de Diputados. (Nay Salvatori, diputada de Morena, realiza video donde parodia accidente de estudiantes de la Ibero | Guillermo Ortega - Tu sitio de noticias) Ha declarado que su prioridad es "monetizar". Este es el perfil de la legisladora que ahora se pronuncia con entusiasmo sobre una iniciativa de castración química antes de leer un solo dictamen.

Una diputada que dice "como ciudadana estoy de acuerdo y como legisladora también" sin haber visto el texto de la ley, sin análisis de constitucionalidad, sin debate en comisiones, no está legislando. Está haciendo contenido.

II. México firmó los derechos humanos. Eso no es opcional.

Cuando el gobernador electo Armenta propone la castración química y menciona una consulta popular para darle legitimidad, está confundiendo democracia con mayoría. Los derechos humanos no se someten a referéndum. Si el ochenta por ciento de la ciudadanía votara por reinstaurar la pena de muerte o por autorizar la tortura de ciertos delincuentes, eso no lo haría constitucional ni convencional. Esa es precisamente la función de los derechos humanos: proteger a las personas incluso de las mayorías.

México ha suscrito y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Todos ellos prohíben los tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Relator Especial de la ONU sobre Tortura ha señalado expresamente que la castración química forzada puede constituir tortura o trato inhumano bajo el derecho internacional.

En el ámbito constitucional mexicano, el artículo 22 prohíbe las penas inusitadas y las que atenten contra la dignidad humana. El artículo 1° incorpora el bloque de convencionalidad como piso mínimo de protección. El artículo 4° reconoce el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Una iniciativa de castración química forzada colisiona con los tres.

El caso de Estados Unidos: cuando no firmar tiene consecuencias

Vale la pena el contraste con Estados Unidos, donde varios estados aplican castración química como condición de libertad condicional. Lo que muchos ignoran es que Estados Unidos no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su totalidad, y no es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —en parte precisamente porque esos instrumentos imponen restricciones que el sistema penal estadounidense no podría cumplir, incluyendo la propia pena de muerte que sigue aplicándose en decenas de estados.

México no está en esa posición. México sí firmó esos instrumentos. Y la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos estableció que las normas de derechos humanos de fuente internacional son de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, con rango constitucional. No es una recomendación. Es derecho positivo vigente.

En otras palabras: lo que a algunos les parece permisible en Texas está prohibido en Puebla. No por debilidad, sino porque México eligió comprometerse con un estándar más alto de civilización jurídica. Proponer lo contrario no es ser más duro con los delincuentes. Es ser menos serio con el derecho.

III. No se trata de proteger agresores. Se trata de proteger víctimas futuras.

El argumento más frecuente a favor de medidas como la castración química es que quienes se oponen están protegiendo a los agresores. Es una trampa retórica que conviene desmontar con claridad: oponerse a una medida inconstitucional e ineficaz no es proteger agresores. Es exigir políticas que realmente funcionen.

La violencia sexual es en México un problema de impunidad estructural, no de benevolencia penal. La gran mayoría de agresiones sexuales nunca llegan a denuncia. De las que se denuncian, una fracción ínfima resulta en condena. El sistema falla antes de llegar al momento en que una pena más severa podría disuadir. Endurecer la sanción sin atender ese déficit previo es equivalente a poner un muro en el kilómetro 95 de una autopista sin reparar los baches de los primeros 94.

La evidencia internacional sobre prevención de violencia sexual señala con consistencia en otra dirección: educación sexual integral desde la infancia, programas de detección temprana de conductas de riesgo, atención psicológica especializada a personas con parafilias antes de que cometan delitos, sistemas de protección a víctimas que faciliten la denuncia sin revictimización, y fiscalías con capacitación y recursos específicos para estos delitos.

Nada de eso genera tres millones de reproducciones en TikTok. Pero sí reduce el número de víctimas...

Conclusión: el espectáculo no es política pública. Basta de pan y circo!

Hay una coincidencia reveladora en el método de Nay Salvatori: el mismo "quédate porque está buenísimo el chisme" que usó para anunciar la iniciativa de castración química es la misma lógica que la llevó a parodiar el accidente de la Ibero mientras había jóvenes hospitalizados. El contenido no importa. Lo que importa es el engagement.

Una iniciativa legislativa sobre derechos fundamentales merece análisis, debate técnico, dictamen jurídico, comparecencias de especialistas y discusión pública informada. No merece ser lanzada como gancho de TikTok por una legisladora que ha declarado abiertamente que su prioridad es monetizar.

Desde el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, conocemos bien los estragos que produce un sistema de justicia que castiga sin probar, que condena por presión mediática, que convierte el dolor de las víctimas reales en combustible político. La castración química forzada no protege a las víctimas del mañana. Sí destruiría el Estado de derecho que protege a todos, incluidas las víctimas de acusaciones falsas.

México tiene un problema gravísimo de violencia sexual. Merece respuestas serias. No chismes virales...

La infancia primero. Siempre.